Desaparecidos.

En treinta años moverse de manera libre por el territorio nacional cambió de manera dramática. Pero nadie quiere asumir responsabilidades.

Armando Enríquez Vázquez.

Hace treinta años, tal vez un poco más, por motivos personales tuve que trasladarme en varias ocasiones de la Ciudad de México a la de Chihuahua, manejando yo sólo en un automóvil último modelo. En otras ocasiones lo hice acompañado de mi hermano, o de amigos. Apenas teníamos veinte años y en México se podía transitar como nos lo garantiza la Constitución de manera libre y sin peligros. Hoy ese mismo trayecto no lo haría ni en una urgencia.

La semana pasada una querida amiga me contaba como su hija que apenas va a cumplir 17 años le comentó que toda su generación está consciente de que un día al salir rumbo a la escuela, a una reunión entre amigos, familiares, a una fiesta o simplemente a comprar algo ya no van a regresar. Van a desaparecer. Mi amiga no vive en Tamaulipas o Michoacán, tampoco en Guerrero o en Chihuahua. Vive en la zona metropolitana de la Ciudad de México, en el Estado de México que nuestro actual presidente no supo, ni pudo gobernar y en el que se maquillan las cifras de violencia y feminicidios. Pero cuya realidad queda retratada a diario en grotescas primeras planas de la nota roja.

Muchos de nosotros conocemos la angustia y dolor de no saber acerca de un familiar por horas o días, sin embargo no puedo, ni creo poder imaginar el dolor y la angustia de los padres y familiares de los normalistas de Ayotzinapa, ni el de otros cientos de miles de mexicanos que no saben de sus familiares desde hace días, semanas, meses y años. Porque más allá de los desaparecidos queda un círculo de dolor, una sociedad herida y afrentada; huérfanos, viudas, viudos y padres sin hijos. Un círculo que con el tiempo se puede volver de rencor

Hace ya muchos años, varios sexenios que empezaron a desaparecer mexicanos de manera sistemática. Víctimas del crimen organizado, víctimas de la ineficiencia de un estado infiltrado. Muchos de ellos hay que decirlo son miembros de los diferentes bandos de esa guerra que se lleva a cabo en nuestro país entre narcotraficantes, muchos otros son víctimas de delitos del fuero común, otros son miembros honrados del ejército, de la marina que son levantados por criminales en represalia por sus acciones en contra de sus actos criminales, muchos son empresarios, estudiantes, amas de casa y trabajadores comunes víctimas de robos y extorsión, otros más son periodistas incómodos y muchos otros son ciudadanos que son utilizados para trata de personas o como en el caso de Ayotzinapa mexicanos ejerciendo su derecho de transito por el país que llegan en el peor momento al lugar equivocado.

Oficial y extraoficialmente el país se ha convertido en una enorme fosa llena de cadáveres de desconocidos. Desconocidos que en muchos casos hace tiempo que faltan a la mesa de casa, al trabajo o a la escuela. Incluso desconocidos extranjeros que en su afán por llegar a Estados Unidos se han topado con la violencia de nuestro país.

La violencia es reprobable, como dice el presidente Peña Nieto y los demás miembros del partido en el poder, tienen razón, pero hay que recordar que la violencia en México ha surgido desde hace décadas del Estado y en especial de los gobiernos priístas, como sucedió en 1968 y 1972. Que la violencia del Estado surge desde la simple afrenta de que los legisladores de nuestro país se escuden en el fuero para dedicarse a negocios turbios de crimen organizado o de delitos del fuero común. Que la violencia del Estado inicia cuando los ciudadanos nos convertimos en una estadística a la hora de votar y en un mal necesario a la hora de gobernar o de operar una administración federal o local. Cuando los mexicanos somos objeto del terrorismo fiscal de un estado incapaz de mostrar logros tangibles de la recaudación y se protege a los grandes empresarios dueños de monopolios en los medios de comunicación o de la salud en nuestro país, por ejemplo.

La violencia es reprobable  y en su caso es necesario aclarar el financiamiento y logística de los últimos actos vandálicos que se han llevado a cabo en nuestra ciudad capital ya que a todas luces han sido personas ajenas a los manifestantes que han rechazado la participación de miembros de cualquier partido político, incluidos los supuestos partidos de izquierda PRD y Morena. La violencia parece ser financiada por todos los actores políticos de nuestro país empezando por Andrés Manuel López Obrador y terminando en las puertas de Bucareli.

El secretario de gobernación Miguel Ángel Osorio Chong declaró a los medios que no se puede exigir justicia desde la violencia, habrá que recordarle al funcionario que la injusticia y la violencia nacieron desde los proyectos de nación de su partido durante los gobiernos de López Mateos, Díaz Ordaz, Echeverría y Salinas. Que la violencia que ha sufrido el pueblo mexicano tiene su origen en el sistema de desigualdad y prebendas que forjaron desde el poder sus correligionarios. Cuando desde el poder priísta se defiende y protege a gobernadores pederastas como Mario Marín y líderes de su partido que operan redes de trata de personas con dinero público. Cuando se atenta contra el bienestar de los mexicanos con el insulto al que llaman salario mínimo.

Toda violencia es reprobable. Más, cuando esta atenta contra la viabilidad del país en aras de los diferentes intereses partidistas en vista de las elecciones del próximo año. El Gobierno Federal olvida al atacar a los estados gobernados por la oposición,  que son mucho más los estados gobernados por priístas que están sumergidos en la violencia. No se trata de exculpar a la dizque izquierda mexicana, o la derecha, simplemente señalar que no se puede acusar los demás sin reconocer los feminicidios y levantones que a diario se llevan a cabo en el Estado de México, los pueblos abandonados en Michoacán, Veracruz, Chihuahua, Tamaulipas o Coahuila.

Reprobable y violentas son las provocaciones diarias por parte de funcionarios y legisladores. La manipulación de la verdad que hacen muchos medios de comunicación. La complicidad de los órganos del estado como los institutos electorales locales, el IFT, el INE o la CNDH para validar un sistema que está muy lejos de ser un estado de derecho. La poca transparencia en la mayoría de los actos de gobierno a todos los niveles.

En México son más, mucho más de 43, los desaparecidos. En México queremos que de manera pacífica se resuelva la ineficiencia e incapacidad del Gobierno Federal, de la PGR, de los partidos políticos. La desigualdad y la injusticia.

Los mexicanos anhelamos que desaparezca la inseguridad, que la prepotencia y soberbia de las autoridades y funcionarios federales, estatales y locales queden enterradas. Qué cualquiera y de cualquier edad pueda recorrer nuestro país de manera libre y segura, que los jóvenes sientan que hay un futuro en nuestro país. Que el plan de país sea el mismo para gobierno y gobernados.

publicado en blureport.com.mx el 20 de noviembre de 2014