Armando Enríquez Vázquez
Pasó un mes y como si hubieran sido treinta y dos años, la
mayoría que no fuimos afectados por el sismo del 19 de septiembre hemos
regresado al ir y venir diario, los medios dedican un espacio en sus
informativos, páginas y sitios internet a recordar la tragedia y poner números
e historias que nos recuerden la fragilidad de la naturaleza humana y lo
determinante que un acto de naturaleza puede ser. Mientras los afectados,
víctimas y damnificados enfrentan la batalla diaria de sobrevivir siendo
olvidados poco a poco para no entorpecer el camino a las campañas políticas que
dejan dinero a medios y políticos.
Salvo una nota que llega directo a mi computadora, nada se
dice de los diversos actos criminales que se cometieron antes y después del
terremoto. Acciones llenas de corrupción y que parecen quedaran en la impunidad
ante la inminencia del inicio de las campañas electorales del próximo año.
De acuerdo con una nota publicada en el portal Sin Embargo, la FEPADE (Fiscalía
Especializada Para la Atención de Delitos Electorales) una serie de
funcionarios públicos están siendo investigados en relación con su presunto uso
de la ayuda para las víctimas con fines electorales. Entre ellos estos
funcionarios se encuentra la familia real de Morelos, el corrupto Graco Ramírez
y su esposa Elena Cepeda. Pero que uno debe hacerse es si la FEPADE investiga
ya a estos once funcionarios locales y federales, ¿por qué la PGR no está
investigando a estos personajes? ¿Será porque la PGR hace seis años que esta
acéfala y cansada?
Lo cierto es que no son todos los que están, ni están todos
los que son, porque las responsabilidades incluyen al Presidente de la República
que sólo ha sido capaz de aumentar el presupuesto de la reconstrucción sin ser
capaz de dar un verdadero plan y especificar qué es lo que se va y debe
reconstruir. En el caso de las casas de los chiapanecos y oaxaqueños afectados
la solución es una tanda, mientras esos recursos a los que Peña Nieto se
refiere seguramente son la parte de la tanda que los mexicanos le debemos por
haberlo dejado sin su Casa Blanca.
Todo mundo habla de damnificados, de víctimas, pero nadie en
la CDMX (Marca Registrada) se atreve a hablar de responsables, los corruptos
funcionarios de delegaciones y gobierno de la ciudad expuestos en los artículos
de El Financiero, siguen campantes en sus puestos, las constructoras siguen
construyendo y para ejemplo; en el predio Casas Grandes 130 en Narvarte las
obras de construcción nunca se detuvieron a pesar de que la barda de la obra
ostenta sellos de Protección Civil, lo que indica que al menos la constructora
está muy bien parada con el delegado de Benito Juárez el corrupto Christian Von
Roehrich, pero son también el INVEA y la SEDUVI y sus titulares, los delegados
de Xochimilco y Cuauhtémoc quienes con un silencio cómplice siguen permitiendo
que las constructoras continúen sus labores, obstruyan el tráfico como sucede a
diario en horas pico en José María Rico a la altura de paso a desnivel de Río
Churubusco donde camiones de volteo y varilla son puestos en la acera y sobre
el canal de contraflujo del transporte público de la CDMX (Marca Registrada)
con toda impunidad. Son los camiones de carga y de doble remolque que pasan a
toda velocidad por calles con edificios dañados. Nadie y mucho menos Miguel
Ángel Mancera se ha atrevido a señalar y tomar acciones en contra de las
constructoras que usaron materiales de pésima calidad y que son responsables
directas de las muertes de decenas de mexicanos en las delegaciones Cuauhtémoc,
Benito Juárez, Tlalpan, Iztapalapa, Tláhuac y Xochimilco. Tampoco el Jefe de
Gobierno ha reclamado a la ANTAD (Asociación Nacional de Tiendas de
Autoservicio) la forma de actuar de sus miembros que no han reportado el número
de muertos en sus establecimientos, así como lo sucedido en la Plaza de
Galerías Coapa. Apenas ayer se detuvo a uno de los dueños de edificios en
Benito Juárez, pero faltan más y en otras delegaciones como Cuauhtémoc donde el
oportunista y arribista Ricardo Monreal hoy al parecer priísta de nueva cuenta,
omite hacer cumplir la ley.
El Jefe de Gobierno que solo ha declarado que él es
contrario a la expropiación, parece ser contrario también a reglamentar la
construcción en las colonias de alto riesgo, o la eliminación del bando emitido
por López Obrador y que de manera visceral e irresponsable permitió la
construcción en Benito Juárez cuando sabíamos desde 1985 los riesgos de ciertas
zonas de la delegación.
Es momento de pedir a la asamblea legislativa de la Ciudad
de México, porque sabemos ya del desprecio de Miguel Ángel Mancera por la vida
humana y por la sustentabilidad, para demostrar su compromiso con la misma y
legislar en materia de construcción, atando las manos de los avariciosos
funcionarios del gobierno y las delegaciones e imponiendo penas muy severas a
los irresponsables y corruptos constructores que causan la muerte de personas.
Penas carcelarias incluso suspensión total de las obras a su cargo y que sean
retroactivas a lo que sucedió el mes pasado. El mapa de riesgos de la Ciudad de
México debe ser el eje principal para dar los permisos de construcción.
Nos hace falta conocer el plan de reconstrucción con su cronograma
correspondiente que propone el gobierno federal para Morelos, Oaxaca, Chiapas,
Puebla, Estado de México porque esa cifra que crece de manera constante y Peña
Nieto anuncia sin empacho debe además tener un uso. No podemos permitir que una
vez más el PRI poniéndose como gestor, se llene las bolsas para usufructo
personal o para alimentar la campaña de 2018 y que los damnificados de este
fenómeno natural se conviertan en damnificados de la ineficiencia de la
partidocracia por los próximos sexenios como sucedió en 1985, como tampoco
debemos permitir que se conviertan en los peones de las tribus o clientelas
electorales.
Ha pasado un mes, hay mucho por hacer, la respuesta de la
sociedad civil en los primeros días fue como hace 32 años extraordinaria, pero
todo lo que vivimos debe servir de parámetro para deshacernos de la
partidocracia en las elecciones del próximo año.
Una primera versión de este texto se publicó en blureport.com.mx el 20 de octubre de 2017 y después fue hackeada
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