Han pasado casi cuarenta y ocho años del genocidio cometido en Tlatelolco, y en México ser o parecer joven continúa siendo uno de los mayores delitos que se pueden cometer.
Armando Enríquez Vázquez
En 1968 ser o parecer
estudiante era un crimen. Así decía el cartel publicitario de la película Canoa, dirigida por Felipe Cazals y
escrita por Tomás Pérez Turrent. Canoa narra
los trágicos sucesos ocurridos en la comunidad de San Miguel Canoa en el Estado
de Puebla el 15 de septiembre de 1968, cuando bajo el mando del cura del lugar
los habitantes del pueblo lincharon a cinco trabajadores de la Universidad
Autónoma de Puebla, creyéndolos estudiantes comunistas. La película se estrenó
apenas ocho años después del crimen, en un México que conociendo la represión
efectiva que ejercía el gobierno de Luis Echeverría, tenía muy presente la
calidad del asesino y cómplice de la masacre del 2 de octubre también de 1968,
que el PRI había sentado en Los Pinos.
Han pasado casi cuarenta y ocho años del genocidio cometido
en Tlatelolco, y en México ser o parecer joven continúa siendo uno de los
mayores delitos que se pueden cometer. Hoy no son los estudiantes las únicas
víctimas, ni sus filiaciones ideológicas, si no todos aquellos que aún tienen y
gozan de un futuro y de la inocencia. El número de ninis sigue en aumento, la
desaparición forzada muy presumiblemente con fines de trata de jóvenes en
nuestro país es muy alta y lo mismo sucede en el caso de niños y adolescentes
que ven el crimen organizado la única manera de obtener los supuestos
beneficios económicos que la educación en su estado actual jamás le darán.
Satanizar a la juventud, sus ideas, sus ideales y su
rebeldía es la salida más fácil de una sociedad conformista y en nuestro caso
la mejor manera para justificar lo injustificable; la complicidad del Estado en
la desaparición de jóvenes en todos los estratos económicos de nuestra
sociedad, el encubrimiento y complicidad de las autoridades e instituciones con
el crimen organizado. Recordemos el caso de Mario Marín y la pederastia que
promovió en Puebla.
Los 43 de Ayotzinapa, son tan sólo la punta del iceberg de
una realidad que nos debería doler a todos, que nos debería indignar; obligarnos
a exigir soluciones y detenciones entre los políticos que sirven de tapaderas
de estos crímenes. Porque después de quince meses de impunidad y estupidez
oficial en el caso de los normalistas guerrerenses, no es el único, no se trata
de un caso aislado. El número de mujeres jóvenes, adolescentes y niñas cuyas
fotografías aparecen pegadas en los pizarrones de las estaciones del Metro, en
los monitores de las estaciones del Metrobús, en las pantallas de Canal Once,
en las portadas de los periódicos rojos y ocasionalmente en las estaciones de
radio, debería preocuparnos a todos.
En el más reciente caso que se ha dado a conocer a nivel
nacional, el gobierno de Veracruz ha demostrado su incapacidad para investigar
y resolver de manera rápida, a pesar de haber detenido a varios de los policías
involucrados, lo sucedido a cinco jóvenes que hacían uso de uno de nuestros
derechos constitucionales; transitar de manera libre por nuestro territorio.
Los policías al parecer secuestraron a los jóvenes, una adolescente de 16 años
entre ellos y los entregaron a un grupo criminal. ¿A cuál? Quien sabe, así de
eficiente es la fiscalía veracruzana.
Lo terrible, si es que todavía puede haber algo peor, es que
como en el caso de Ayotzinapa al tratar de tapar un hoyo se descubre otro. Se
anuncia el descubrimiento de fosas en Veracruz con un número de cuerpos que
supera al de los desaparecidos, pero el hecho queda en eso, en un macabro hallazgo. Parece qué tanto para
las autoridades estatales como federales, el que aparezcan cuerpos es un
accidente más en la investigación, pero todos esos cuerpos en algún momento
fueron mexicanos y alguien los debe de haber llorado y echado de menos, familiares
que se han enfrentado a las negligentes y prepotentes autoridades. Aunque también,
es cierto que en muchos de los casos nadie reclama los cuerpos por estar
involucrados con el crimen organizado y tratar de evitar represalias, la
realidad es que el número de levantones y secuestros como suceden en Guerrero
no sólo puede implicar a delincuentes o de otra manera entonces la mayor parte
de los habitantes de los pueblos del estado están habitados por delincuentes,
lo cual es absurdo.
México se ha convertido en una enorme fosa donde miles de
mexicanos son enterrados anualmente y a nadie parece importarle el asunto.
Incluso ante el aumento de homicidios en la capital del país, las autoridades
tienen una repuesta fácil y estúpida: En
la Ciudad de México la mayoría de los asesinatos se dan entre particulares, en
riñas, no son consecuencia del crimen organizado. Esa es la manera de
razonar de Miguel Mancera y su séquito de tontos.
No importa lo que digan el presidente y sus paleros; en
México la impunidad permite el crecimiento del crimen a todos los niveles. Al presidente y sus funcionarios les preocupan
más los guiones telenovelescos y en lugar de hablar y decirnos donde está el
dinero del Chapo, prefieren los reflectores que implica la nota rosa de acusar
a Kate del Castillo. La canciller minimiza las alertas de viaje del gobierno
norteamericano, diciendo que estas alertas son algo común, claro que lo que
evita decir es que son comunes en los países que representan un peligro para
viajar y México lo es. El más reciente caso es el de los surfistas australianos
desaparecidos en Sinaloa.
Si lo pensamos un poco, resulta perfectamente entendible,
porque el presidente Enrique Peña Nieto en otra de sus ocurrencias que hasta parece
servilismo, otorga una condecoración como la Orden del Águila Azteca a un
dictador asesino como lo es el Rey Salman bin Abdulaziz al Saud de Arabia
Saudita, si está acostumbrado a perdonar criminales como Humberto Moreira y
Rafael Caro Quintero, si a lo largo de sus tres años de desgobierno ha premiado
a personas como Fidel Herrera con un consulado en España.
publicado en blurreport.com.mx el 21 de enero de 2016.
