Sí estamos tan bien, ¿por qué estamos tan mal?

El discurso oficial del bienestar de la nación en un sexenio de corrupción, impunidad y de una justicia sesgada comienza a desmoronarse ante la realidad.

Armando Enríquez Vázquez

De acuerdo con las cuentas alegres y los datos vacuos que tanto presume Enrique Peña Nieto, la situación del país es perfecta, esa visión del fatuo político y su círculo de asesores es totalmente diferente para el resto de la ciudadanía. La percepción en Palacio Nacional y la realidad que vivimos el resto de los mexicanos y miden diferentes organismos nacionales e internacionales no son la misma, ni siquiera son parecidas.

El sexenio con mayor número de empleos, con reformas estructurales, con crecimiento, con inversión en salud y educación como lo presume el gobierno federal en cada uno de sus promocionales, tiene una realidad que nos regresa a ese traje invisible que a lo largo de seis años ha vestido Peña Nieto y al andar desnudo sonriendo estultamente, pidiendo aplausos como comediante barato de Televisa, la realidad lo rebasa, todos los días y cada vez que abre la boca.

Una reforma energética que lejos, muy lejos de lograr combustibles y energía más baratos ha demostrado ser un negocio del gobierno que va desde la venta de los paquetes de explotación, distribución y comercialización de los bienes de la nación. La alianza descarada entre el PRI y el sindicato de PEMEX que convirtió por seis años más a Carlos Romero Deschamps en un corrupto intocable. Y el incremento en los precios de gasolinas, gas butano y gas natural que han hecho que este sexenio sea también el de mayor inflación en los últimos 18 años y la reforma no haya beneficiado a la ciudadanía.

Una reforma educativa que la propaganda ha inflado, cuando la realidad de los resultados de las pruebas internacionales y en las estadísticas de la OCDE muestran lo ineficientes que son y el rezago de los estudiantes mexicanos. En cuanto a la educación superior del país la política y los recortes presupuestales impactan de manera directa en el nulo crecimiento en la base de admisión de alumnos en las universidades públicas que por otro lado engrosan una nómina sindical ineficiente y corrupta como sucede en la UNAM y el IPN, por poner el ejemplo de las dos principales instituciones educativas del país y que mejor ni hablar de las universidades estatales cuya situación es totalmente desastrosa. La reforma educativa es burocrática y administrativa básicamente y nada tiene que decir o aportar a la deficiente educación que sufren los niños en México tanto en escuelas públicas como privadas. Una reforma que no encara los problemas esenciales de la educación en los tiempos de Internet.

Una reforma en telecomunicaciones que al igual que la energética parece más un negocio que una política de estado y también fallida porque se debió hacer 12 años atrás, cuando la propuso Fox y el PRI la boicoteo.

En la calle, en las carreteras y ciudades del país el crecimiento de la inseguridad y la guerra sucia que continua de manera silenciosa y complice la política de Felipe Calderón ha alcanzado el mayor número de mexicanos muertos en la historia moderna del país. Un país donde ni siquiera el Estado Mayor Presidencial se compromete a brindar seguridad al presidente en uno de los estados de la federación, es un país que ha perdido el rumbo, un país sin liderazgo.

Mientras se propone resolver esa incapacidad del gobierno con el uso irracional de la fuerza del estado, un estado en el que el presidente alaba el papel de ejército y marina en la lucha contra el crimen organizado, y que al mismo tiempo carece de un sistema judicial, por los mismos intereses del presidente, un sistema que a lo largo de los últimos seis años ha puesto de vuelta en la calle a grandes capos del narcotráfico y a pequeños narcomenudistas sin que a la cabeza del ejecutivo esto parezca preocuparle. El círculo vicioso que esto implica nuevos esfuerzos por parte de las fuerzas armadas que se desgastan física e institucionalmente, pero sobre todo frente a los ciudadanos que comienzan a descalificar su actuar y su efectividad.

En el sexenio de Peña Nieto el valor adquisitivo de los sueldos se ha desplomado como desde tiempos de los últimos presidentes de origen priísta, de Echeverría a Salinas y el inicio de Zedillo, no se veía. El peso se ha devaluado y la pobreza extrema ha crecido a pesar de la gran cantidad de empleos creados, de lo contrario no quiero imaginar.

Un gobierno que ha abusado del ejercito y la marina, también ha sido incapaz de acabar con los feminicidios, la trata de persona y la desaparición de menores. ¿Entonces de que habla Peña Nieto cuando habla de seguridad? ¿A que se refiere cuando pretende presumir estabilidad?

Estamos muy lejos de estar bien, los problemas nacionales son en realidad consecuencia de malos gobiernos incapaces de ser gobierno. Las listas de organismos internacionales muestran a México en los primeros lugares de corrupción, impunidad, asesinatos de periodistas, uno de los países más violentos del mundo, incluidos aquellos que se encuentran en guerra y entre los últimos en materia de educación y bienestar.

El país esta muy bien y sólo se necesita de algunos pequeños ajustes, de reformas estructurales o del amor incondicional de un líder, de acuerdo con los políticos de Izquierda derecho y las dos combinadas. La vista gorda, minimizar los problemas, deslinde de responsabilidades y el mesiánico perdón incondicional tapizan el camino infernal que todos los mexicanos debemos soportar. Ese mismo que adoquinan día con día políticos en funciones y aspirantes a la presidencia, con el arrogante desprecio que tienen todos hacía la ciudadanía o en su defecto el paternalismo trasnochado de otros.

De justicieros y desgobierno.

No es la primera vez que ciudadanos mexicanos deciden luchar en contra de todos aquellos que atentan contra su tranquilidad y patrimonio.

Armando Enríquez Vázquez

Ya sabemos cómo en nuestro país infinidad de cosas parecen ponerse de moda, buenas, malas o absurdas, entre las últimas de ellas, al menos en el área metropolitana de la Ciudad de México, es la aparición de ciudadanos dispuestos a enfrentar la inseguridad con sus propias armas a falta de una respuesta contundente de los gobiernos de Eruviel Ávila y Miguel Ángel Mancera. Desde el ajusticiamiento de los asaltantes del camión de pasajeros a la altura de la marquesa, los justicieros parecen haber cobrado fuerza, primero en los municipios conurbados de la Ciudad de México y ahora ya al interior de la misma. A pesar de que los populistas y demagogos encargados del gobierno y de la seguridad de ambas entidades, lo nieguen o evadan los temas.

Desde Naucalpan hasta la delegación Benito Juárez, la violencia en contra de la violencia se ha convertido en un asunto ciudadano, Los particulares toman las armas en sus manos y ejecutan a aquellos asaltantes que perturban la seguridad de la ciudadanía, con la solidaridad de quienes siendo testigos desaparecen o dicen no haber visto nada. Esto hace cada día más obvia inutilidad de los cuerpos policíacos y de justicia de los gobiernos del Estado de México y de la flamante CDMX (Marca Registrada), en donde la cantidad de cámaras en las calles y el famoso C4 no sirven, ni tienen curiosa y corruptamente, la misma eficiencia que las cámaras de fotomultas que tanto presume y quien sabe que tanto beneficien al Jefe de la CDMX (Marca Registrada), Miguel Ángel Mancera.

El caso extremo sucedió en San Miguel Totolapan, Guerrero, donde un grupo de ciudadanos hartos de la impunidad de los secuestradores de la región y de su líder por todos conocidos, incluidas por supuesto las autoridades, respondieron ojo por ojo al secuestrar a la mamá de Raybel Jacobo de Almonte, líder de los secuestradores conocidos como Los Tequileros, para negociar la liberación de un hombre secuestrado el fin de semana. Lo peor de todo es que la negociación que resultó un éxito, fue observada sin intervención alguna del mediocre gobierno de Héctor Astudillo, otro de esos gobernadores priístas que sirve para nada y para nada. Guerrero es hoy en día uno de los estados más violentes e inseguros de nuestro país. Una verdadera desgracia nacional.

El ejército es sin duda el chivo expiatorio de una política en la que los gobiernos estatales y municipales han decidido renunciar a dar seguridad a sus habitantes, mismos a los que friegan con sus lemas y mítines en cuanto inician los procesos electorales, pero a los que no dudan en convertir en la carnada de sus principales aliados en el crimen organizado, como hemos visto a lo largo de los años y de manera escandalosa en el caso de Ayotzinapa donde las redes entre PRD, PRI, Morena y los grupos criminales de la región son tan fuertes que el gobierno no ha podido dar una respuesta clara sobre la desaparición de los normalistas.

 Funcionarios en todos los niveles y poderes de la federación que cada día vez más demuestran su contubernio con el crimen organizado, deciden que la ciudadanía es sólo un daño colateral de sus negocios con la delincuencia a la que protegen. Por ejemplo en el caso de Guerrero, Héctor de Mauléon ha documentado en sus columnas de El Universal, lo infiltrado que se encuentran en el gobierno de Astudillo y el PRI de Guerrero por el crimen organizado, así como la impunidad que gozan priístas y criminales. ¿Cómo esperan los guerrerenses entonces que el gobierno de esa entidad les brinde seguridad y estabilidad?

Ni que decir de estados como Tamaulipas o Coahuila donde la paz desapareció hace mucho, algunos de los ex gobernadores de ambas entidades son requeridos por la justicia internacional por su clara alianza con el crimen organizado y protegidos por sus correligionarios en México desde la presidencia de la República.

Y así, en una guerra que hoy se critica desde el interior del partido en el poder, pero a la cual no se le ha modificado nada, a excepción de recursos, el ejército y la marina han intentado reestablecer la seguridad combatiendo a un enemigo y a muchos traidores que desde los gobiernos municipales y locales han sido los primeros en dar la espalda, emboscar y tener al crimen organizado al tanto de los movimientos de las fuerzas federales.

No es la primera vez que ciudadanos mexicanos deciden luchar en contra de todos aquellos que atentan contra su tranquilidad y patrimonio. En 2013, surgieron los grupos de autodefensas en Michoacán, un grupo civil tan exitoso que asustó no sólo al crimen organizado, si no al patético gobernador de Michoacán Fausto Vallejo que se encontraba aliado con ellos.   

Las autodefensas michoacanas no pudieron culminar su labor, gracias al gobierno federal y su enviado Alfredo Castillo quien se encargó de regresar el estado a las manos de los criminales. José Manuel Mireles, líder fundador del movimiento, se ganó ser el preso político más destacado de este sexenio de desgobierno por atreverse a organizar a parte de los michoacanos para defenderse, algo que tanto el gobierno federal y el estatal demostraron ser incapaces de hacer.

Los justicieros tienen a diferencia de las autodefensas, la ventaja de trabajar en solitario y con la solidaridad de aquellos a los que protegen de las acciones de criminales y delincuentes. Las autoridades lo único que están haciendo es callarse la boca junto con los medios porque el fenómeno los ha rebasado. Ha quedado al descubierto, una vez más, la total incompetencia de las policías, procuradurías, como la del Estado de México que en su incapacidad y su falta de honestidad acerca de los avances y descubrimientos en investigaciones, se limita en voz del Procurador del Estado de México a dar datos, pero no nombres ni certezas, narrativas creíbles como dicen los periodistas hoy. Ni cuerpos legislativos preocupados por investigar que está pasando al interior de los otros poderes.

Ya ni hablar del Procurador de la CDMX (Marca Registrada) porque como la mayoría de los funcionarios de Miguel Ángel Mancera, Rodolfo Ríos es mudo y desprecia el hablar con los medios mientras no sea a modo. Incluso es absurda la posición del Jefe de gobierno, representante del estado de derecho en la capital del país cuando justifica el actuar de un justiciero que con valor civil o frente a la divulgación de una foto se presentó a declarar frente a unas autoridades de la capital que seguramente no lo estaban buscando ya.

Es claro que no es lo mismo el crimen organizado que las bandas de asaltantes y ladrones solitarios, que pululan por el país, pero la fuerza de los ciudadanos organizados o trabajando desde el anonimato de una pistola es algo que debe preocupar a los gobiernos, porque lo único que pone de manifiesto son la incapacidad de las llamadas autoridades para proteger a la ciudadanía y la ingobernabilidad en la que vivimos actualmente.  

publicado el 19 de diciembre de 2016

Cámaras de seguridad.

Las cámaras de seguridad son gran aliado en la seguridad, lo que ha sido demostrado en todos los países, pero en México, esas mismas cámaras funcionan de manera selectiva y a modo de los conveniencias de los funcionarios.

Armando Enríquez Vázquez

Una de las obligaciones irrenunciables del Estado es mantener la seguridad de los habitantes. Hoy a manera de eufemismo se dice en los medios que la percepción sobre la inseguridad por parte de los habitantes de México va en aumento. Tristemente no se trata de una percepción, la realidad es que este es sin lugar a dudas y de acuerdo a las cifras oficiales el más inseguro de los sexenios. El número de muertos, secuestros y asaltos crece mes a mes y los resultados de Peña Nieto y los miembros de su gabinete en materia de seguridad es muy pobre.

En ese cinismo que ha caracterizado a Peña Nieto y al definido por él como nuevo PRI, tanto el presidente de ese partido como diferentes funcionarios del gobierno federal han apuntado su dedo flamígero en dirección del ex presidente Felipe Calderón como responsable del estado de inseguridad y violencia en el que vivimos. Tanto Enrique Ochoa, como Renato Sales parecerían preparar argumentos para la campaña del 2018, cuando la realidad es que el actual gobierno ha demostrado ser una farsa en esos rubros, o peor aún, ciñéndonos a esas declaraciones se puede concluir que la actual inseguridad en el Estado de México, es responsabilidad de Peña Nieto y no de su actual gobernador Eruviel Ávila.

En el caso de la inversión que los gobiernos federal y estatales hacen en materia de seguridad la verdad es que la pobreza de los resultados es más que evidente y por lo tanto se trata de un despilfarro más del erario público.

Como ejemplo pongamos la CDMX (Marca Registrada) donde el Jefe de Gobierno presume de un sistema de cámaras de vigilancia, que no sirven para nada y cuando en las últimas semanas los diarios y medios de comunicación tradicionales hacen públicos una serie de videos donde se dan a conocer asaltos en diferentes zonas de la CDMX (marca Registrada) lo mejor que tiene que decir Miguel Ángel Mancera es que este tipo de videos dan una mala imagen de la Ciudad. Había que aclararle a Mancera que la creciente mala imagen de la CDMX (Marca Registrada) es por la incapacidad de su procurador para resolver casos importantes en esta ciudad, la corrupción del poder judicial de la capital y las prebendas que su gobierno da a grupos criminales en aras de mantener a los grupos clientelares del PRD y ejemplo claro es el documento insultante que entregó como borrador de una Constitución para la capital y en la que favorece a grupos criminales como las asociaciones de ambulantes.

Lo cierto es que la capacidad de las autoridades a todos los niveles para justificar su ineficiencia es proporcional a su falta de compromiso para brindar seguridad a los ciudadanos. El hecho de que entre las autoridades de la CDMX (Marca Registrada) y las del Estado de México siempre encuentren en el otro al responsable de violencia e inseguridad en sus entidades, solo pone de manifiesto la nula voluntad por resolver la situación o en el peor de los casos la negación a enfrentarse de los cuerpos policiales y de administración de justicia al crimen organizado.

Aquí y por eso es que debería ponerse sobre la mesa de discusión el crecimiento del área de la CDMX aunándole municipios como Naucalpan, Ecatepec, Atizapán, Culhuacán, Chalco, Nezahualcóyotl, Huixquilucan, entre otros, para poder manejar con una política única la zona metropolitana y no con esas vaguedades que permiten a los criminales valerse de las fronteras estatales para cometer sus fechorías con la anuencia de los policías de las diferentes entidades.

A raíz de la ejecución de cuatro asaltantes de autobuses de pasajeros y la aparición de sus cuerpos en La Marquesa, nos queda claro la ineficiencia y apatía de las autoridades del Estado de México y de la CDMX (Marca Registrada) por resolver de manera conjunta el problema, están más preocupados en encontrar al ciudadano ejecutor que en reconocer que la situación los ha rebasado y la ciudadanía se ha visto obligada a tomar la justicia en manos propias.

Pero también pone de manifiesto el hartazgo de los ciudadanos con la nula actuación de la autoridades, cuando no el contubernio de estas con el crimen organizado.

Hace también unas semanas Jorge Luis Preciado, senador por el PAN propuso legislar a favor de la de que los ciudadanos porten armas, lo que en sí parece un sinsentido y una aberración. Lo que quiere reconocer de manera oficial el senador es la incapacidad del Estado por brindar seguridad a sus gobernados y la claudicación de los legisladores, una vez más, a ser parte del gobierno y de soluciones inteligentes.

Para la diputada Lía Limón del Partido Verde, uno de los partidos menos transparentes y más serviles de la partidocracia, la solución está en la censura; en acabar con las narco series. Su pequeño cerebro le impide ver la magnitud del problema y la responsabilidad de todos los poderes de gobierno en él.

Para Presidencia de la República la visión es aún más pobre y por lo tanto se ha propuesto recortar el gasto dedicado a la seguridad nacional para 2017, cuando el país está en el camino de la ingobernabilidad.

Tanta inversión en cámaras de seguridad, tanto cacareo sobre la eficiencia de los cuerpos policiacos, vuelvo al ejemplo de la CDMX (marca registrada) donde los casos más importantes desde la llegada de Miguel Ángel Mancera continúan sin resolverse o se resuelven con argumentos sui generis como el de la modelo colombiana de la colonia Nápoles. Las cámaras son en efecto un gran aliado en la seguridad, lo que ha sido demostrado en todos los países, pero en México, esas mismas cámaras parecen funcionar de manera selectiva y a modo de los conveniencias de los funcionarios de la capital, son las cámaras ciudadanas operadas en celulares y puestas en las redes sociales las que se han encargado de mostrar a criminales y crímenes comunes en la ciudad, para enojo del incapaz Jefe de Gobierno.

Son esas cámaras, al igual que el justiciero anónimo de La Marquesa, quienes ponen en evidencia el estado de vulnerabilidad en la que se vive en México y son esas evidencias las que enfurecen a muchos corruptos funcionarios y jueces que se dedican a hacerse de la vista gorda frente a los crímenes o a soltar a ladrones, asesinos y narcotraficantes de manera casi inmediata a su detención para permitirles seguir delinquiendo, lo que solo demuestra como el sistema judicial es uno de los principales cómplices del crimen organizado en nuestro país. Si no basta ver cuántas veces habían ingresado los muertos de La Marquesa a diferentes penales.

Un ciudadano no se convierte en vengador anónimo porque así lo prefiera, lo hace como única manera de manifestar el hartazgo y a desesperación frente a un sistema de seguridad corrupto, incapaz e insuficiente. Un justiciero anónimo es el producto más evidente de un estado que no puede otorgar a sus ciudadanos. Es el resultado de lo fallido en el sistema de justicia de un sistema donde los jueces son más corruptos que los mismos criminales. La sociedad no sale a las calles de su comunidad para convertirse en autodefensas como respuesta de apoyo al gobierno, si no ante la ausencia del mismo. Hoy en México mientras los jueces liberan a narcotraficantes como Rafael Caro Quintero o  Ernesto Fonseca Don Neto, el gobierno convierte en preso político de un sexenio fallido en brindar seguridad a los mexicanos a un hombre como José Manuel Mireles, un mexicano que sólo organizó a otros ciudadanos para defenderse del crimen que el PRI con Fausto Vallejo a la cabeza del gobierno y de su hijo como negociador con el narco entregó al crimen organizado, un hombre que liberó a Michoacán y que se atrevió a enfrentar al prepotente y entreguista comisionado priísta Alfredo Castillo.

En México crecen los linchamientos, los ciudadanos que toman la ley en sus manos, pero para Enrique Peña Nieto, Miguel Ángel Mancera, Eruviel Ávila y todos los políticos lo importante es mostrar una imagen maquillada de México al exterior, porque para ellos aquí no pasa nada. 

Los verdaderos agravios.

Los agravios a los mexicanos vienen del gobierno federal que sin tacto alguno celebra con su partido el fracaso que ha llevado a México a tener dos millones más de pobres durante su gobierno

Armando Enríquez Vázque

Hace un par de semanas desde la comodidad de estar fuera del país el presidente Peña Nieto tuvo la desfachatez de calificar la fuga del Chapo Guzmán como un agravio y no como lo que realmente fue; una muestra más de los grados de corrupción a los que ha llegado el gobierno federal bajo su administración. En el mejor de los casos más que un agravio resultó una burla. Una burla que demostró la incapacidad de sus funcionarios por salvaguardar el estado de derecho y la seguridad de la nación.

El país sufre de un momento de ingobernabilidad y así lo demuestran los muertos a diario en Guerrero, Tamaulipas, las fechorías de gobernadores como César y Javier Duarte de Chihuahua y Veracruz, la quiebra del estado de Guerrero y un gobernador interino que al tener las arcas vacías prefiere pedir al gobierno federal que entre el nuevo gobernador, para él ya no queda nada que robar, pareciera el mensaje. Ni que decir de las cámaras que constantemente son desmontadas en Reynosa y Matamoros, instaladas y propiedad de grupos del crimen organizado interesados en anticiparse a los movimientos del ejército y que seguramente existen en otras ciudades en el país. La forma en que el gobierno responde matando a ciudadanos que pretenden protegerse como sucede en Michoacán, donde el mismo gobierno desarmó a los grupos ciudadanos de autodefensa para generar nuevos grupos de narcos que amenazan a la población.

La ingobernabilidad se palpa cuando el Secretario General de la Defensa Nacional se ve obligado a declarar en discursos y a través de entrevistas algo que todos sabemos y es que los soldados no son policías como han pretendido Felipe Calderón y Enrique Peña que solo ha mantenido la política del panista. Un ejército y una armada que luchan por la incompetencia de las autoridades estatales y federales contra tres enemigos; el crimen organizado, policías locales y federal infiltradas por el crimen organizado y la opinión pública.

Los agravios a los mexicanos vienen del gobierno federal y del presidente que sin tacto alguno celebra con su partido el fracaso que ha llevado a México a tener dos millones más de pobres durante su gobierno. Que en su mover a México ha provocado que las familias mexicanas pierdan el 3.5% de su poder adquisitivo y que sin embargo se niega a hablar de la necesidad de elevar de manera significativa los salarios mínimos. Agravios que se dan en los sueldos de funcionarios, legisladores y funcionarios del poder judicial de la federación. Agravios avalados por un gobierno que mantiene el fuero, creando de manera anticonstitucional mexicanos de primera y de segunda. Un gobierno que ha devaluado nuestra moneda en más de un 20% y no parece preocupado por el asunto. Los agravios surgen de las políticas presidenciales de abandono a los sectores de salud, educación y recursos naturales que parecieran haber decidido privatizar, pero eso sí de acuerdo con notas de la semana pasada una sobrina del presidente de nombre Fernanda Said Pretelini, sin experiencia gerencial, fue contratada para ejercer una Subgerencia en Pemex. Por los visto, Pemex sigue siendo la caja chica del gobierno federal. Vicente Fox que es un fanfarrón por lo menos tuvo el tacto de obligar a Olegario Vázquez Raña a contratar a su hija, no cometió acto alguno de nepotismo en el servicio público.

Los agravios suceden cuando siguen apareciendo fosas a lo largo y ancho de todo el país y el desdén con la Procuraduría General de la República y la Secretaria de Gobernación tratan el asunto no se compara con la cantidad de declaraciones demagógicas que ambas dependencias emiten a diario. La semana pasada vimos como el titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos Luis Raúl González Pérez puso en tela de juicio la forma en la que se desarrollaron las investigaciones del caso Ayotzinapa, poniendo en evidencia las torpezas u omisiones que desde el gobierno federal se han dado para encubrir la verdad histórica que tajantemente expuso como punto final el entonces procurador Jesús Murillo Karam. Claro los serviles medios a la presidencia ya publican que la CNDH es el organismo de su tipo más caro del mundo, como si el aparato burocrático federal no lo fuera, empezando por la Secretaría de la Función Pública o la de Desarrollo Social, ¿con dos millones de pobres más no debería renunciar la izquierdista hasta agarró hueso del PRI, Rosario Robles?

México ha sufrido en los últimos tres años agravios más dolorosos y canallas que la fuga del Chapo Guzmán. Cuando nos enteramos que los principales responsables de las cantidades de dinero que manejaba la CNTE en Oaxaca no son otros que los priístas representados por el gobernador Ulises Ruiz que fue el quien creó el IEEPO como instrumento de negociación y corrupción.

Contra todos estos agravios, muchos de ellos históricos tenemos que luchar desde nuestra trinchera, recordarle al gobierno y a los partidos que si el Bronco pudo ganar en Nuevo León es porque los ciudadanos queremos cambios verdaderos y ya veremos sí el año que entra que se renuevan doce gubernaturas a pesar de mapaches, ratas, gobernadores y legisladores locales, el INE y TEPJF, no siguen ganando aquellos que no tienen, ni quieren tener nada que ver con esa corrupción federal y demagógica que agravia a todos los mexicanos.

publicado en blureport el 27 de julio de 2015

El fracaso del presidente.

El país comienza su descenso a los infiernos. La crisis tan afín a los gobiernos priístas está aquí.

Armando Enríquez Vázquez.

Tal y como se esperaba una vez pasada las elecciones y asegurado el Congreso de la Unión para que el PRI ataque de nueva cuenta la desgastada y poco creíble democracia mexicana, el país comienza su descenso a los infiernos. La crisis tan afín a los gobiernos priístas está aquí; la devaluación de casi el 25% del peso frente al dólar nos habla de la incapacidad y la ineficiencia del secretario de Hacienda por resguardar el valor de la moneda nacional, así como de la avaricia de los funcionarios que en tres años han mermado las arcas de las reservas de la nación y empiezan a crear el perfecto pretexto para ejercer todo tipo de represión fiscal en contra de la ciudadanía en los próximos tres años.

La censura oficial en los medios tradicionales y la autocensura de los empresarios del ramo han evitado difundir las notas que presagian la turbulencia económica en la que la irresponsabilidad de Enrique Peña Nieto y su equipo nos ha metido. De acuerdo con datos publicados por el INEGI, la semana pasada, el poder adquisitivo de las familias mexicanas ha caído el 3.5% en los años en que Enrique Peña Nieto ha gobernado el país. El aumento en el costo de la leche de Liconsa sólo demuestra que es la población con mayor necesidad la principal víctima de un gobierno interesado únicamente en cubrir a sus socios comerciales como Higa y OHL que hasta el momento han resultado los más visibles.

Los supuestos beneficios económicos de las reformas estructurales han sido nulos, ni la ronda 1 en materia de hidrocarburos, la licitación de las cadenas nacionales de televisión, y ni que decir de obras de infraestructura necesaria como el tren rápido a Querétaro que mejor quedó desierta antes que en manos extrañas a los socios de Peña Nieto y Ruiz Esparza pudieran hacer ese negocio.

De acuerdo con las declaraciones del presidente de la asociación de banqueros de nuestro país Luis Robles Miaja ha anunciado un cambio en el costo del crédito que ya de por si es caro en México en perjuicio del cliente dependiendo del estado en el que este viva. Lo que afecta a todo tipo de créditos incluyendo los hipotecarios. ¿Estamos en México por entrar en una recesión debida a una burbuja hipotecaria similar a la que sufrieron Estados Unidos y España en 2008? Es curioso que junto con un anuncio de esta magnitud, tras la solicitud del presidente en 2013 por abrir los créditos, la Asociación de Bancos de México, en voz de su presidente, todavía tenga el cinismo de afirmar que existe un estado de derecho en el país.  Mientras el presidente y sus secretarios se benefician de sus corruptelas con empresas constructoras, la mayoría de los mexicanos se enfrentaran con problemas de deudas hipotecarias.

Peña Nieto ha demostrado también su incapacidad para controlar la situación de seguridad del País, incluso se podría pensar en un oscuro interés por proteger a ciertos criminales. Desde el momento en que tomó posesión de su cargo, cuando por capricho y servilismo a naciones extranjeras, se esmeró con ayuda de un poder judicial que ha demostrado su propia podredumbre a lo largo y ancho de toda su estructura, por liberar a la secuestradora francesa Florence Cassez. Más tarde a lo largo de estos tres años de gobierno no solo se escapó El Chapo, hay que recordar como el gobierno federal se hizo de la vista gorda ante la excarcelación de Rafael Caro Quintero el 9 de agosto de 2013 y después se dijo sorprendido de la decisión judicial.

Los resultados para recapturar a este líder del crimen organizados han sido nulos. Acerca del Chapo no existe ni certeza, ni optimismo por parte de las autoridades. Pero lo más preocupante es que el hecho no parece angustiar al gobierno federal, que en su doble discurso se la pasa presumiendo la captura de miembros del crimen organizado que nadie conoce. Gracias a estas fugas y la incapacidad del gobierno federal de poner orden en casa la relación con Estados Unidos se ha deteriorado de manera significativa.

Las autoridades en materia de seguridad del país y en específico las encargadas de la seguridad y administración de la justicia en México deben explicarnos su incompetencia para cuidar a la población del país.

 Al mismo tiempo el presidente se ha empeñado en poner al ejército mexicano en una posición de vulnerabilidad mayor a la que ya lo había expuesto Felipe Calderón. Más de veinte años le costó a las fuerzas armadas del estado limpiar la imagen que los genocidas Gustavo Díaz Ordaz, Luis Echeverría, Alfonso Corona del Rosal legaron al instituto armado en 1968. Para finales de la década de los años ochenta y a lo largo de la última década del siglo pasado, El ejército era una de las instituciones en las que más confiaba el ciudadano mexicano, la imagen de asesinos que prevaleció a finales de los sesenta y durante los setenta fue borrada y reemplazada por la de un ejército cercano a la población en momentos de necesidad, en los desastres naturales y combatiendo al narcotráfico en las sierras. Pero la idea de Felipe Calderón de convertir al ejército en una especie de super policía a falta de confianza en los cuerpos policiacos locales o federales y la necedad de Peña Nieto de continuar la política del panista, ha desgastado de nueva cuenta la imagen del ejército mexicano frente a la ciudadanía y los ha puesto en una posición en la que resulta difícil mantener una imagen inmaculada.  

Sin lugar a dudas resulta vergonzoso el ver a los partidos aliados Verde y PRI acusarse y golpearse en las recientes elecciones de Chiapas, quedando en evidencia que no existen alianzas más allá de salvar el pellejo de los criminales que dirigen al Partido Verde. Ni el IFE, ni el TEPJF se han dignado a contestar a las peticiones ciudadanas, se niegan a informarnos acerca de las razones que impiden quitarle el registro a un partido que se empeña en violar la leyes que rigen a nuestro país y de esta manera se burla de las instituciones y autoridades incluyendo al gobierno federal y al Partido Revolucionario Institucional incapaz de deslindarse de su necesaria comparsa Verde. 

México no se mueve porque las ventajas y los incentivos son para los inversionistas extranjeros, las dádivas para los sectores más desposeídos y para los jóvenes, cuando por ejemplo el gobierno federal anuncia un programa donde al parecer da dinero de manera incondicional a los emprendedores novatos. México no se mueve porque el gobierno federal parece incapaz de gobernar para todos los mexicanos, México está comenzando a moverse hacia atrás porque al presidente, que carece de cualquier sensibilidad, lo único que le interesa es su bienestar y el de sus allegados.

publicado en blureport.com.mx el 23 de julio de 2015 

De género.

Uno de los problemas crecientes en nuestro país y el clima de inseguridad está en los feminicidios y la falta de interés del gobierno por resolver estos crímenes.

Armando Enríquez Vázquez

Hace ya muchos años, décadas que en México se nos quiere hacer creer que desde el poder existe una política de defensa y promoción de los derechos y la igualdad de las mujeres. El colmo del cinismo oficial en los diferentes niveles de gobierno, ha llegado a crear institutos y organismos para las mujeres tanto a nivel federal como a nivel estatal, que son bonitas oficinas con funcionarias que no actúan acorde a la realidad del país sino a los que les dicta el poder. En el marco de una igualdad demagógica se proclaman acciones anti constitucionales como establecer cuotas de género para candidaturas y cargos públicos. Sin embargo al más importante de los problemas que tenemos en México en cuanto a género se refiere sigue siendo ignorado y muchas veces es obviado por las autoridades, federales, estatales, locales, eso sin contar al caso omiso que desde el poder legislativo de la nación.

Me refiero a los feminicidios, en México de acuerdo con un informe del INEGI, entre 2007 y 2013 la tasa de feminicidios en nuestro país se disparo de 1.9 a 4.4 casos por cada cien mil mujeres. Lo que da como resultado 14,955 mujeres asesinadas en  siete años, falta la estadística de este 2014.

Estas cifras son superiores, casi en un 100% al promedio mundial de feminicidios dado a conocer por la ONU a través de su oficina contra la droga y el delito. (UNODC, por sus siglas en inglés).

El Estado de México, Chihuahua y Guerrero, fueron durante ese período los estados donde un mayor número de mujeres fueron asesinadas. El Estado de México durante los años del gobierno del actual Presidente de la República que ya desde eses entonces ignoró el problema.

Existen diferentes voces que en el último mes le han  pedido al Congreso de la Unión, así como al gobierno federal y los gobiernos estatales declarar una alerta de género en diferentes estados de la federación.

Esto es porque existen ciertos patrones en algunos de estos feminicidios que harían creer al más obtuso de mente que algo está podrido en Dinamarca, o en este caso en nuestro país. Por ejemplo el hecho de una de cada tres mujeres agredidas en nuestro país sea agredida por personas diferentes a su pareja sentimental, seis mil de los casi quince mil asesinatos de mujeres se llevaron a cabo en la calle o en una carretera, esto es sus cuerpos fueron abandonados o tirados en estos lugares. Más de la mitad del total de las víctimas fueron mujeres de entre 15 y 34 años de edad.

Sin embargo, el silencio tanto de autoridades, como de legisladores y del poder judicial, los convierte en cómplices de los crímenes de género y que parecieran estar ligados a la trata y al crimen organizado más que a simples asesinatos del fuero común.

Pero esto, tristemente no puede sorprendernos, cuando el partido en el poder ha defendido a pederastas como Mario Marín y proxenetas como su presidente en el D.F. Cuauhtémoc Gutiérrez   de la Torre. El PRI ha sido incapaz desde su papel como autoridad estatal, local y federal de proteger a las mexicanas de estos crímenes desde los tiempos de los primeros feminicidios en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Por otra parte el recién nombrado ombudsman mexicano Luis Raúl González Pérez dijo frente al presidente Peña Nieto que México no puede volver atrás, ni debe recuperar la engañosa normalidad previa a los indignantes hechos de Ayotzinapa y Tlataya. La verdad es que esa realidad anómala, manipulada, llena de oscuros y terribles acuerdos existe en nuestro país desde hace décadas. Que la manipulación de cifras, datos e información es uno de los pocos rubros en los que a lo largo de más de ochenta años los gobiernos de la República, los estatales y los locales han sido eficientes. En creer sus propias mentiras y en proteger a personajes muy cuestionables de la sociedad y la política. En los años y meses pasados no sólo están los ejemplos de los priístas, sino los panistas teniendo fiestas con narcotraficantes, de la defensa de a aquel hermano incómodo de Leonel Godoy, Nadie investiga si son ciertos los rumores que corren hasta en las redes sociales acerca de Gerardo Fernández Noroña financiando a grupos radicales y violentos.

Da vergüenza y provoca indignación escuchar los anuncios publicitarios de las cámaras de diputados y senadores cuando hacen mención a la equidad de género y verlos no hacer ni siquiera un pronunciamiento contra los feminicidios en nuestro territorio.

La gran excepción es Rosy Orozco que desde la tribuna legislativa en el sexenio de Felipe Calderón intentó promover legislar en contra de la trata, una labor que ha llevado a lo largo de su vida.

Son nuestras hijas, esposas y madres las que están en peligro cada vez que salen a las calles de México, para muestra están las dos estudiantes asesinadas la semana pasada en la Ciudad de México. Las decenas de crímenes que mensualmente se cometen en los municipios de Ecatepec y de Nezahualcóyotl, en el Estado de México. Las protestas de los habitantes de dichos municipios son ignoradas por el gobernador Eruviel Ávila de manera sistemática. Feminicidios que continúan sucediendo en  Ciudad Juárez y curiosamente, y de acuerdo con el INEGI, en los municipios de Acapulco, Chilpancingo e Iguala del Estado de Guerrero.

Los agravios contra la ciudadanía en nuestro país son muchos y muy graves. Pero desde la vista de los tres poderes de la nación parecen ser insignificantes y tolerables. Lo peor es que aun así tienen el descaro y el poco tacto político de decirse sorprendidos por las manifestaciones públicas en México y el mundo denunciando una política de estado que no ha funcionado ni funcionara mientras estos sordos y cansados misóginos sigan en el poder. De acusar a los ciudadanos de querer violentar el país y de separarnos a los mexicanos cuando ellos han sido históricamente los principales desestabilizadores de la economía y la armonía nacional.

publicado en blureport.com.mx el 17 de diciembre de 2014.
imagen: content.time.com

Desaparecidos.

En treinta años moverse de manera libre por el territorio nacional cambió de manera dramática. Pero nadie quiere asumir responsabilidades.

Armando Enríquez Vázquez.

Hace treinta años, tal vez un poco más, por motivos personales tuve que trasladarme en varias ocasiones de la Ciudad de México a la de Chihuahua, manejando yo sólo en un automóvil último modelo. En otras ocasiones lo hice acompañado de mi hermano, o de amigos. Apenas teníamos veinte años y en México se podía transitar como nos lo garantiza la Constitución de manera libre y sin peligros. Hoy ese mismo trayecto no lo haría ni en una urgencia.

La semana pasada una querida amiga me contaba como su hija que apenas va a cumplir 17 años le comentó que toda su generación está consciente de que un día al salir rumbo a la escuela, a una reunión entre amigos, familiares, a una fiesta o simplemente a comprar algo ya no van a regresar. Van a desaparecer. Mi amiga no vive en Tamaulipas o Michoacán, tampoco en Guerrero o en Chihuahua. Vive en la zona metropolitana de la Ciudad de México, en el Estado de México que nuestro actual presidente no supo, ni pudo gobernar y en el que se maquillan las cifras de violencia y feminicidios. Pero cuya realidad queda retratada a diario en grotescas primeras planas de la nota roja.

Muchos de nosotros conocemos la angustia y dolor de no saber acerca de un familiar por horas o días, sin embargo no puedo, ni creo poder imaginar el dolor y la angustia de los padres y familiares de los normalistas de Ayotzinapa, ni el de otros cientos de miles de mexicanos que no saben de sus familiares desde hace días, semanas, meses y años. Porque más allá de los desaparecidos queda un círculo de dolor, una sociedad herida y afrentada; huérfanos, viudas, viudos y padres sin hijos. Un círculo que con el tiempo se puede volver de rencor

Hace ya muchos años, varios sexenios que empezaron a desaparecer mexicanos de manera sistemática. Víctimas del crimen organizado, víctimas de la ineficiencia de un estado infiltrado. Muchos de ellos hay que decirlo son miembros de los diferentes bandos de esa guerra que se lleva a cabo en nuestro país entre narcotraficantes, muchos otros son víctimas de delitos del fuero común, otros son miembros honrados del ejército, de la marina que son levantados por criminales en represalia por sus acciones en contra de sus actos criminales, muchos son empresarios, estudiantes, amas de casa y trabajadores comunes víctimas de robos y extorsión, otros más son periodistas incómodos y muchos otros son ciudadanos que son utilizados para trata de personas o como en el caso de Ayotzinapa mexicanos ejerciendo su derecho de transito por el país que llegan en el peor momento al lugar equivocado.

Oficial y extraoficialmente el país se ha convertido en una enorme fosa llena de cadáveres de desconocidos. Desconocidos que en muchos casos hace tiempo que faltan a la mesa de casa, al trabajo o a la escuela. Incluso desconocidos extranjeros que en su afán por llegar a Estados Unidos se han topado con la violencia de nuestro país.

La violencia es reprobable, como dice el presidente Peña Nieto y los demás miembros del partido en el poder, tienen razón, pero hay que recordar que la violencia en México ha surgido desde hace décadas del Estado y en especial de los gobiernos priístas, como sucedió en 1968 y 1972. Que la violencia del Estado surge desde la simple afrenta de que los legisladores de nuestro país se escuden en el fuero para dedicarse a negocios turbios de crimen organizado o de delitos del fuero común. Que la violencia del Estado inicia cuando los ciudadanos nos convertimos en una estadística a la hora de votar y en un mal necesario a la hora de gobernar o de operar una administración federal o local. Cuando los mexicanos somos objeto del terrorismo fiscal de un estado incapaz de mostrar logros tangibles de la recaudación y se protege a los grandes empresarios dueños de monopolios en los medios de comunicación o de la salud en nuestro país, por ejemplo.

La violencia es reprobable  y en su caso es necesario aclarar el financiamiento y logística de los últimos actos vandálicos que se han llevado a cabo en nuestra ciudad capital ya que a todas luces han sido personas ajenas a los manifestantes que han rechazado la participación de miembros de cualquier partido político, incluidos los supuestos partidos de izquierda PRD y Morena. La violencia parece ser financiada por todos los actores políticos de nuestro país empezando por Andrés Manuel López Obrador y terminando en las puertas de Bucareli.

El secretario de gobernación Miguel Ángel Osorio Chong declaró a los medios que no se puede exigir justicia desde la violencia, habrá que recordarle al funcionario que la injusticia y la violencia nacieron desde los proyectos de nación de su partido durante los gobiernos de López Mateos, Díaz Ordaz, Echeverría y Salinas. Que la violencia que ha sufrido el pueblo mexicano tiene su origen en el sistema de desigualdad y prebendas que forjaron desde el poder sus correligionarios. Cuando desde el poder priísta se defiende y protege a gobernadores pederastas como Mario Marín y líderes de su partido que operan redes de trata de personas con dinero público. Cuando se atenta contra el bienestar de los mexicanos con el insulto al que llaman salario mínimo.

Toda violencia es reprobable. Más, cuando esta atenta contra la viabilidad del país en aras de los diferentes intereses partidistas en vista de las elecciones del próximo año. El Gobierno Federal olvida al atacar a los estados gobernados por la oposición,  que son mucho más los estados gobernados por priístas que están sumergidos en la violencia. No se trata de exculpar a la dizque izquierda mexicana, o la derecha, simplemente señalar que no se puede acusar los demás sin reconocer los feminicidios y levantones que a diario se llevan a cabo en el Estado de México, los pueblos abandonados en Michoacán, Veracruz, Chihuahua, Tamaulipas o Coahuila.

Reprobable y violentas son las provocaciones diarias por parte de funcionarios y legisladores. La manipulación de la verdad que hacen muchos medios de comunicación. La complicidad de los órganos del estado como los institutos electorales locales, el IFT, el INE o la CNDH para validar un sistema que está muy lejos de ser un estado de derecho. La poca transparencia en la mayoría de los actos de gobierno a todos los niveles.

En México son más, mucho más de 43, los desaparecidos. En México queremos que de manera pacífica se resuelva la ineficiencia e incapacidad del Gobierno Federal, de la PGR, de los partidos políticos. La desigualdad y la injusticia.

Los mexicanos anhelamos que desaparezca la inseguridad, que la prepotencia y soberbia de las autoridades y funcionarios federales, estatales y locales queden enterradas. Qué cualquiera y de cualquier edad pueda recorrer nuestro país de manera libre y segura, que los jóvenes sientan que hay un futuro en nuestro país. Que el plan de país sea el mismo para gobierno y gobernados.

publicado en blureport.com.mx el 20 de noviembre de 2014 

Buenos y malos.

Fernanda Familiar tiene como lema que en México somos más los buenos, y sin duda tiene la razón, eso quiero creer.

Armando Enríquez Vázquez

Este fin de semana pude comprobarlo al encontrar la ayuda y solidaridad de muchos familiares amigos, conocidos y personas que no tengo el gusto de conocer que se preocuparon y me ayudaron a compartir una información de vital importancia para mí y mi familia.

Desgraciadamente a pesar de que los buenos seamos más, el problema en nuestro país pareciera ser cualitativo y no cuantitativo.

Los malos por pocos que sean están infiltrados tanto en el gobierno federal, como en los estatales y municipales, en los órganos legislativos y judiciales del país.  Al frente y entre todos los partidos políticos. Encabezando algunos de los poderes fácticos en los medios de comunicación; interesados en vender notas rojas antes que proponer un mejor país.  Empresarios que han decidido interponer su mezquindad, su ambición a las metas comunes, aquellos que se niegan a crear los empleos que nuestro país necesita.

Pero más allá de mi experiencia personal, tenemos que tener como el mayor ejemplo de la fuerza de la sociedad civil. En las recientes marchas en favor de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, o las manifestaciones de los estudiantes del Instituto Politécnico Nacional, donde los participantes no han permitido la intromisión de ningún partido político, o  de los políticos tradicionales que únicamente han desprestigiado esa actividad en México. A pesar de los denostados esfuerzos de Andrés Manuel López Obrador y su achichincles, en especial de Martí Bartres por hacerse presentes en uno y desmarcarse de su conocimiento del alcalde de Iguala.

“En este país hay muchos hijos de la chingada que se levantan muy temprano y estiran las esquina” escuché decir en cierta ocasión a Paco Ignacio Taibo II, refiriéndose a todos aquellos que se interesan en que los mexicanos no alcancemos nuestras metas. Que seamos incapaces de lograr algo mejor para todos. Y muchos de esos hijos de la chingada se disfrazan de ovejas o de galanes de telenovela.

¿Cómo podemos aspirar a la justicia y a la no violencia? Si el partido al que pertenece el presidente es el principal protector de proxenetas y pederastas. Cuándo históricamente el PRI es  reconocido como el baluarte de la corrupción y la inequidad. ¿No es acaso en el PRI, sus miembros y funcionarios desde donde se han forjado frases como: El que transa no avanza, el año de Hidalgo y finalmente en este sexenio, La corrupción es un factor cultural de los mexicanos.

Poco ayuda a l equidad de la ciudadanía un poder legislativo que parte de la idea de que los miembros del Congreso de Unión; senadores y diputados, son mexicanos de primera y que gozan de un fuero que se vuelve su escudo de impunidad a sus fechorías, el cual muchos de ellos ejercen de manera que nos afrenta a todos los demás mexicanos. Ni que decir o del PAN o del PRD, émulos fallidos del PRI, hoy convertidos en partidos satélite del PRI, títeres de la voluntad y los pactos con los que el presidente legitima ignorar la verdad. Véase la publicidad que en los medios ha tenido esta semana un pacto por la seguridad, que ni siquiera está definido, con tal de olvidar aquello que no podemos ignorar; Ayotzinapa, Michoacán, Guerrero, Tamaulipas, Tlataya, Puebla, Estado de México, de donde acorde con una gran cantidad de spots del gobierno federal es presidente Peña Nieto, antes que de México.

Ahora que el alcalde de Iguala y su esposa están detenidos, no debemos creer que el mal ha sido erradicado, no podemos permitirle al estado que comience a olvidar a los desaparecidos o a desaparecer a todos los que fueron hallados en fosas y sobre los cuales sólo tenemos la certeza, de acuerdo a las autoridades, de que no son los estudiantes normalistas.

No podemos permitirle al gobierno federal que nos oculte Michoacán, Chihuahua o Veracruz en aras de crear sus negocios corruptos como el tren rápido a Querètaro.

Esa misma fuerza de la sociedad civil debe servirnos para acabar con los periódicos y todos los desinformativos de radio y televisión que intentan a toda costa de mantenernos viviendo en el miedo.

Es cierto, la situación del país es crítica. Y es precisamente en el miedo y la inacción frente a la inseguridad que el PRI gobierno y sus aliados políticos, empresarios y medios de comunicación intentan a diario fragmentar la fuerza social que nosotros mismos menospreciamos. Somos más los buenos y no necesitamos a nadie que nos diga a donde queremos ir, ni cómo lograrlo. No necesitamos instituciones decimonónicas que intenten aniquilar la participación ciudadana como la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como tampoco necesitamos mesías tropicales con teorías políticas totalitarias.

Los mexicanos nos merecemos el progreso, el bienestar y todos los satisfactores que un país como el nuestro puede darnos a sus habitantes.

Somos más los buenos y necesitamos que los malos lo sepan, lo entiendan y se hagan a un lado porque ellos son el primer obstáculo para nuestra felicidad.

Publicado en blureport.com.mx el 5 de noviembre de 2014

Imagen:thebarking.com

Febrero, congreso, leyes secundarias.

Febrero marca el inicio de un nuevo período de sesiones del Congreso de la Unión, enfrente están todas las leyes secundarias que darán solidez a las reformas estructurales del Presidente Peña Nieto, mientras la injusticia y la incompetencia del las instituciones sigue tan vigente como siempre.

Armando Enríquez Vázquez

Ya está de regreso el pusilánime y servil Congreso de la Unión listo para seguir legislando al vapor y de la manera que más le convenga a la partidocracia en la que vivimos y a sus aliados, no es esto una declaración vana, baste con la declaración el coordinador de los diputados del PRD Silvano Aureoles, en el sentido de que su partido no se interpondrá en el debate energético, lo cual quiere decir que el PRD hará lo mismo que hizo durante la aprobación de la reforma; mantenerse de brazos cruzados. La izquierda mexicana no hará nada más que agacharse y tanto peca el que mata la vaca como el que le agarra la pata.

Al quedar inaugurado el nuevo periodo ordinario de sesiones, el congreso tiene ante sí la obligación de elaborar todas las leyes secundarias que den sentido y cuerpo a las reformas estructurales que aprobaron el año pasado. Es una tarea titánica que requiere de discusión de escuchar voces al interior del congreso y de expertos, investigadores y la sociedad civil desde fuera. Cosa que no menor pero que nunca ha parecido importarle a los diputados y senadores de nuestro país. Sin embargo, no cabe ninguna duda que el congreso lo hará en los próximos meses, lo que está por verse es si esas leyes favorecerán a los mexicanos, como es lo que todos esperamos. Qué esas leyes secundarias promuevan la competencia, la diversidad y el progreso del país desde una mirada crítica y certera. Eso es lo que parece imposible. La mirada será la del partido en el poder, y los intereses de sus aliados, que ha demostrado ya desde hace más de un año ser sordos a la crítica.

¿Podremos a finales de este año estar celebrando la competencia en las telecomunicaciones y la venta por parte del estado de dos nuevas cadenas abiertas de televisión que no sean parte ni de Televisa, ni de TV Azteca? ¿Podremos tener una reforma educativa que evalúe de manera imparcial el desempeño de los maestro, en total beneficio de los alumnos y no del poder factico que representan los sindicatos de la educación? ¿La reforma política funcionará en beneficio de los ciudadanos?, ¿Habrá plebiscito y consulta popular?, ¿seguirá manteniendo los privilegios y canonjías sobre la clase gobernante en detrimento de la calidad de vida de los mexicanos? ¿Podremos decir que las reformas en su conjunto ven hacía el futuro? ¿Contemplan las nuevas tecnologías, la investigación o la explotación de nuevas fuentes de energía?, ¿O son tan sólo paliativos y componendas a la Constitución que favorecen a la oligarquía del país en un futuro próximo inmediato? ¿Habrá una reforma al campo que la pide a gritos? ¿No sería importante que los diputados limpien su imagen y su honra investigando a aquellos que han sido acusados por presidentes municipales de tener que darles una mordida por aprobar presupuestos?

Nuestras instituciones parecen estar podridas y en contra de los ciudadanos, para muestra sólo hace falta un botón reza el dicho. De acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, entre las instituciones que ocuparon el top ten durante el año pasado se encuentran el IMSS, SEP, CFE, ISSSTE instituciones que deberán verse afectadas para bien con las reformas estructurales del Gobierno Federal.

Por su parte el Human Rights Watch, volvió hace una semana a hablar de la persistencia en la violación de los derechos humanos en nuestro país y la impunidad que existe en él. Sumemos la corrupción con la que nos hemos ganado un deshonroso lugar en el mundo, la violencia que hace que al menos 11 estados de la República sean considerados por gobiernos extranjeros, como lugares peligrosos para visitar en nuestro territorio, el auge de las autodefensas presentes en varios estados del país y ese nuevo peligro que puede representar el hacerlas legales. El narcotráfico, los secuestros y la violencia diaria a la que estamos expuestos, algunos mucho más que otros, los mexicanos.

Los excesos en el gasto de los erarios federal, estatal y local que se viene cometiendo para promover a nivel nacional a los políticos, sin que a nadie, y funestamente, mucho menos al IFE, triste caricatura de lo que alguna vez fue, que está a punto de desaparecer para dar paso a un invento extraño llamado INE, parece importarle.

Existe un gran trabajo de legislación que hacer. Estos son algunos de los problemas que esperamos se resuelvan con una legislación pensada, discutida entre legisladores y expertos en los temas, meditada. Sería de esperar un congreso a la altura de los retos del país, no el grupo de acarreados verdes, rojos, amarillos azules, moraditos que se sientan en curules y escaños a vivir del presupuesto y representar los intereses de los partidos, para que al final del año nos evitemos la indignación cuando quieran salir de nuevo con sus absurdos spots panfletarios de porque debemos darles las gracias. 

Publicado en Blureport.com.mx el 4 de febrero de 2014

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