No es la primera vez que ciudadanos mexicanos deciden luchar en contra de todos aquellos que atentan contra su tranquilidad y patrimonio.
Armando Enríquez Vázquez
Ya sabemos cómo en nuestro país infinidad de cosas parecen
ponerse de moda, buenas, malas o absurdas, entre las últimas de ellas, al menos
en el área metropolitana de la Ciudad de México, es la aparición de ciudadanos
dispuestos a enfrentar la inseguridad con sus propias armas a falta de una
respuesta contundente de los gobiernos de Eruviel Ávila y Miguel Ángel Mancera.
Desde el ajusticiamiento de los asaltantes del camión de pasajeros a la altura
de la marquesa, los justicieros parecen haber cobrado fuerza, primero en los
municipios conurbados de la Ciudad de México y ahora ya al interior de la
misma. A pesar de que los populistas y demagogos encargados del gobierno y de
la seguridad de ambas entidades, lo nieguen o evadan los temas.
Desde Naucalpan hasta la delegación Benito Juárez, la
violencia en contra de la violencia se ha convertido en un asunto ciudadano,
Los particulares toman las armas en sus manos y ejecutan a aquellos asaltantes
que perturban la seguridad de la ciudadanía, con la solidaridad de quienes
siendo testigos desaparecen o dicen no haber visto nada. Esto hace cada día más
obvia inutilidad de los cuerpos policíacos y de justicia de los gobiernos del
Estado de México y de la flamante CDMX (Marca Registrada), en donde la cantidad
de cámaras en las calles y el famoso C4 no sirven, ni tienen curiosa y
corruptamente, la misma eficiencia que las cámaras de fotomultas que tanto
presume y quien sabe que tanto beneficien al Jefe de la CDMX (Marca
Registrada), Miguel Ángel Mancera.
El caso extremo sucedió en San Miguel Totolapan, Guerrero,
donde un grupo de ciudadanos hartos de la impunidad de los secuestradores de la
región y de su líder por todos conocidos, incluidas por supuesto las
autoridades, respondieron ojo por ojo al secuestrar a la mamá de Raybel Jacobo
de Almonte, líder de los secuestradores conocidos como Los Tequileros, para negociar la liberación de un hombre
secuestrado el fin de semana. Lo peor de todo es que la negociación que resultó
un éxito, fue observada sin intervención alguna del mediocre gobierno de Héctor
Astudillo, otro de esos gobernadores priístas que sirve para nada y para nada.
Guerrero es hoy en día uno de los estados más violentes e inseguros de nuestro
país. Una verdadera desgracia nacional.
El ejército es sin duda el chivo expiatorio de una política
en la que los gobiernos estatales y municipales han decidido renunciar a dar
seguridad a sus habitantes, mismos a los que friegan con sus lemas y mítines en
cuanto inician los procesos electorales, pero a los que no dudan en convertir
en la carnada de sus principales aliados en el crimen organizado, como hemos
visto a lo largo de los años y de manera escandalosa en el caso de Ayotzinapa
donde las redes entre PRD, PRI, Morena y los grupos criminales de la región son
tan fuertes que el gobierno no ha podido dar una respuesta clara sobre la
desaparición de los normalistas.
Funcionarios en todos
los niveles y poderes de la federación que cada día vez más demuestran su contubernio
con el crimen organizado, deciden que la ciudadanía es sólo un daño colateral
de sus negocios con la delincuencia a la que protegen. Por ejemplo en el caso
de Guerrero, Héctor de Mauléon ha documentado en sus columnas de El Universal,
lo infiltrado que se encuentran en el gobierno de Astudillo y el PRI de Guerrero
por el crimen organizado, así como la impunidad que gozan priístas y
criminales. ¿Cómo esperan los guerrerenses entonces que el gobierno de esa
entidad les brinde seguridad y estabilidad?
Ni que decir de estados como Tamaulipas o Coahuila donde la
paz desapareció hace mucho, algunos de los ex gobernadores de ambas entidades
son requeridos por la justicia internacional por su clara alianza con el crimen
organizado y protegidos por sus correligionarios en México desde la presidencia
de la República.
Y así, en una guerra que hoy se critica desde el interior
del partido en el poder, pero a la cual no se le ha modificado nada, a
excepción de recursos, el ejército y la marina han intentado reestablecer la
seguridad combatiendo a un enemigo y a muchos traidores que desde los gobiernos
municipales y locales han sido los primeros en dar la espalda, emboscar y tener
al crimen organizado al tanto de los movimientos de las fuerzas federales.
No es la primera vez que ciudadanos mexicanos deciden luchar
en contra de todos aquellos que atentan contra su tranquilidad y patrimonio. En
2013, surgieron los grupos de autodefensas en Michoacán, un grupo civil tan
exitoso que asustó no sólo al crimen organizado, si no al patético gobernador de
Michoacán Fausto Vallejo que se encontraba aliado con ellos.
Las autodefensas michoacanas no pudieron culminar su labor, gracias
al gobierno federal y su enviado Alfredo Castillo quien se encargó de regresar
el estado a las manos de los criminales. José Manuel Mireles, líder fundador
del movimiento, se ganó ser el preso político más destacado de este sexenio de
desgobierno por atreverse a organizar a parte de los michoacanos para
defenderse, algo que tanto el gobierno federal y el estatal demostraron ser
incapaces de hacer.
Los justicieros tienen a diferencia de las autodefensas, la
ventaja de trabajar en solitario y con la solidaridad de aquellos a los que
protegen de las acciones de criminales y delincuentes. Las autoridades lo único
que están haciendo es callarse la boca junto con los medios porque el fenómeno
los ha rebasado. Ha quedado al descubierto, una vez más, la total incompetencia
de las policías, procuradurías, como la del Estado de México que en su
incapacidad y su falta de honestidad acerca de los avances y descubrimientos en
investigaciones, se limita en voz del Procurador del Estado de México a dar
datos, pero no nombres ni certezas, narrativas creíbles como dicen los
periodistas hoy. Ni cuerpos legislativos preocupados por investigar que está
pasando al interior de los otros poderes.
Ya ni hablar del Procurador de la CDMX (Marca Registrada)
porque como la mayoría de los funcionarios de Miguel Ángel Mancera, Rodolfo
Ríos es mudo y desprecia el hablar con los medios mientras no sea a modo. Incluso
es absurda la posición del Jefe de gobierno, representante del estado de
derecho en la capital del país cuando justifica el actuar de un justiciero que
con valor civil o frente a la divulgación de una foto se presentó a declarar
frente a unas autoridades de la capital que seguramente no lo estaban buscando
ya.
Es claro que no es lo mismo el crimen organizado que las
bandas de asaltantes y ladrones solitarios, que pululan por el país, pero la
fuerza de los ciudadanos organizados o trabajando desde el anonimato de una
pistola es algo que debe preocupar a los gobiernos, porque lo único que pone de
manifiesto son la incapacidad de las llamadas autoridades para proteger a la
ciudadanía y la ingobernabilidad en la que vivimos actualmente.
publicado el 19 de diciembre de 2016
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