Radio, propaganda y democracia.

Hasta hoy, la radio comercial se mantiene de una mezcla de inversión de anunciantes y de otra parte formada por ese subsidio, que recibe de la propaganda gubernamental.

Armando Enríquez Vázquez

En las últimas semanas se ha suscitado una discusión, que comienza a rayar en lo absurdo y en lo antidemocrático, entre la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y Televisión y el Instituto Federal de Telecomunicaciones en torno a las nuevas licitaciones de estaciones en las bandas de AM y FM que pondrá a subasta el IFT, así como el pago de los refrendos de las concesiones a estaciones de radio que están por vencer.

Desde el anuncio de la puesta en marcha de la licitación de las nuevas estaciones de radio, la CIRT se ha opuesto y ha pretextado que la llegada de nuevos competidores a las frecuencias radiofónicas terminará en una partición del pastel publicitario, el cual se fraccionará a tal grado que las estaciones de radio dejaran de ser rentables.

Hace poco en este mismo espacio reflexionaba acerca de la larga vida que aún tiene la radio frente a otros medios que hoy se ven rebasados por la tecnología y las nuevas plataformas. La radio está más viva que nunca, lo que la mata no son las pocas o muchas entradas que obtienen las diferentes estaciones, vía sus divisiones comerciales, si no por, una parte, lo exagerado de los sueldos de ciertos comunicadores, y por otro el argumentar mañosamente tener raitings altos con el objetivo de vender el tiempo aire a sus anunciantes. Lo que está acabando con la radio es la negativa de los empresarios y directivos del medio a evolucionar a buscar nuevos contenidos y a ampliar sus plataformas de manera creativa y diversa. Lo que puede acabar con la industria de la radio mexicana como la conciben sus dueños es lo mismo que mató a la televisión; la falta de visión y atreverse a cambiar el medio.

Hasta hoy, la radio comercial se mantiene de una mezcla de inversión de anunciantes y de otra parte formada por ese subsidio, que recibe de la propaganda gubernamental. El menos inteligente de los argumentos de los miembros de la CIRT que he escuchado en estos días es que la entrada de nuevos jugadores en el negocio de la radio, obligará a muchos radiodifusores a voltearse a los gobiernos estatales y municipales en busca de financiamiento, lo que condicionará los contenidos de estas estaciones y los sesgará, algo que sucede desde hace décadas a todos los niveles no sólo de la radio, si no de los medios en general. De hecho, es una norma entendida entre el poder político y el poder factico que representan los medios.

Los miembros de la CIRT, acostumbrados al proteccionismo del Estado, acostumbrados a una perversa simbiosis con el poder, donde las políticas de la Cámara han ido desde tiempos de la presidencia de Miguel Alemán de la mano con las órdenes del gobierno federal se ven y se sienten abandonados en esta ocasión.

Desgraciadamente, los radiodifusores han olvidado que la clave de toda industria sana se encuentra en la competencia.

La CIRT, se encuentra hoy enfrentada a un órgano que por su constitución conforme a la ley de telecomunicaciones promovida desde la reforma en la materia de Enrique Peña Nieto, es autónomo del gobierno. El IFT se dedica, en teoría, a obedecer el mandato al que lo obliga esta ley, lo que desconcierta a los miembros y directivos de la CIRT, acostumbrados a trabajar con línea directa de Los Pinos o la Secretaria de Gobernación.

La triste realidad es que principales cadenas radiodifusoras del país siguen un modelo único al que no se atreven a moverle nada. Un modelo de programación que unifica a todo el cuadrante radiofónico y volviendo poco atractivo para amplios sectores de la población. Lo que es peor muchos de los grandes grupos canibalizan sus estaciones al ofrecer el mismo tipo de programación en sus distintas estaciones. Imagen y Radio Fórmula son el claro ejemplo de esto.

Sí algo hemos aprendido hoy en día del consumidor es que este es tan diverso como lo podamos imaginar y por lo tanto la variedad en gustos ofrece una gama casi infinita de posibilidades de productos a ofrecer. La radio, como sucede más patéticamente en el caso de la televisión abierta, no parece entender esto.

Hoy nadie escucha, o casi nadie escucha música en el radio. Los radiodifusores así lo entienden y entonces su programación no es otra que noticieros, noticieros deportivos, noticieros financieros, noticieros acerca de aplicaciones tecnológicas, noticieros de espectáculos, noticieros turísticos, etc. Por otro lado, programas y notas pagadas que nos quieren vender productos y partidos políticos como información y por último programas denigrantes de bromas estúpidas o conductores estúpidos con una propuesta denigrante para el medio y los oídos de una gran cantidad de radio escuchas.

Por supuesto que, frente a esa oferta tan escueta, las audiencias bien que mal van a la baja y los anunciantes son menos, por eso cadenas como Radio Mil, se dedican a anunciarse a ellos mismos en muchos de sus espacios comerciales como un producto más, sin analizar que esas mismas características con las que se promueve frente a sus anunciantes, son las que desprecian al momento de producir sus programas.

La creación del IFT ha destruido ese círculo perverso hasta cierto punto. De llevarse a cabo la licitación, de tener que pagar los refrendos, los radiodifusores mexicanos habrán de enfrentarse con la decisión de cambiar o morir. Olvidarse de una vez por todas de esa relación paternalista que por más de sesenta años han tenido con el gobierno y es una ambigua política de censura y contubernio con el mismo.

La radio está obligada a evolucionar en contenidos, en formato, en esquemas de comercialización como o están haciendo los medios impresos. La fórmula no está escrita lo que hace del reto algo aterrador para los más mediocres y una aventura para aquellos que están dispuestos a arriesgar. El enfrentamiento entre la CIRT y el IFT está muy lejos de beneficiar o aportar algo a la democracia nacional, por el contrario, la demerita, pero lo que es peor, mina la fuerza de un medio tan creativo como lo es la radio, y lo peor, afecta a todas las industrias que se encuentran alrededor de ella como la publicidad.

publicado en roastbrief.com.mx el 11 de julio de 2016

Crear nuevas estrategias para la televisión pública.

La televisión pública mexicana necesita ser capaz de competir con la televisión pública de otras latitudes, necesita ser capaz de competir en las nuevas plataformas que no se limitan a las fronteras nacionales.

Armando Enríquez Vázquez

 La creación del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, también conocido por las siglas SPR, está muy lejos de ser un éxito, la realidad es que el organismo del gobierno federal ha pasado desapercibido para la gran mayoría de mexicanos. Su canal llamado Una voz con todos y que ostenta el número 30 de la banda televisiva, es desconocido por la gran mayoría de los habitantes del país, a pesar de ser a ellos a quien intenta ser dirigido.

Hoy los medios públicos se encuentran frente a una encrucijada planteada por el cambio en las plataformas de comunicación por un lado y por otro, por la reducción en el presupuesto del gobierno. El gobierno tiene la oportunidad de preservar esos espacios que ha creado, o dejarlos morir para no seguir generando gastos inútiles. Es momento también, de qué, los ciudadanos hablemos y demos una opinión acerca de lo que representan para nosotros esos espacios de comunicación.

Estaciones de radio y televisión han sido para el gobierno federal y a muchos gobiernos estatales, órganos de propaganda de sus acciones de gobierno. La mayoría de las veces para colmo de males estos canales cuentan con audiencias muy reducidas. El Estado y en específico los gobiernos priístas han demostrado su incapacidad para desarrollar canales competitivos. La actual crisis de programación que sufre el Canal Once es una muestra clara que para el gobierno federal lo importante es llenar horas comprando programación que no es interesante para las grandes audiencias nacionales, repitiendo modelos y esquemas de hace más de veinte años o creyendo que la cultura surge a partir de aburridos programas de opinión, que resultan inocuos. Al final del día muchos de los canales públicos sólo han generado una burocracia autocomplaciente.

Cuando en la década de los cincuenta del siglo pasado, de manera demagógica, Miguel Alemán, en ese momento presidente de México, comisionó a Salvador Novo y Guillermo González Camarena para viajar por Europa y Norteamérica a estudiar los sistemas de televisión privada y pública, y así determinar el modelo a implementar en México, casi estoy seguro que el corrupto presidente veracruzano tenía muy claro cuál era el modelo a imponer en México y cuáles de sus amigos serían los beneficiarios de las concesiones de las frecuencias de televisión, antes de que Novo y González Camarena emprendieran el viaje. Más tarde al surgir la televisión pública, el gobierno con tal de no entorpecer, ni competir con la comercialización de los canales privados y bajo la idea populista de los gobiernos priístas de demostrar una autosuficiencia en los recursos, fijo reglas que dejaron a la televisión pública aislada y a merced de los caprichos y políticas de los diferentes presidentes. El asunto de los ratings jamás ha preocupado al Estado. Para el Estado Mexicano los medios de su propiedad siguen siendo concebidos como lo fueron en los países comunistas, y no como la televisión pública británica, japonesa o española.

Los medios públicos siguen siendo percibidos por los gobiernos federal y locales en México como una mezcla de canales de propaganda, poco críticos o analíticos y una producción aburrida calificada como cultural o educativa que poco o nada tiene de ellas. Claro que existen excepciones;  algún programa de Canal Once, pero es vergonzante que incluso en el canal cultural del estado; el 22, a lo largo de este sexenio la prepotencia y censura que los funcionarios ejercen en contra de los contenidos de los programas informativos y la negativa por difundir noticias contrarias a la política del gobierno federal haya pasado a ser noticia.

Ejemplo de esta visión primitiva acerca de los medios de radiodifusión se da en la joya de la corona en la radiodifusión pública de México; Canal Once, a su vez el primer canal de su tipo en nuestro país, mientras que durante décadas el canal ha sabido resolver con éxito su barra infantil y en los pasados dos sexenios se le dio la oportunidad para crear y experimentar en materia de series, algunas de las cuales son verdaderos parteaguas en nuestra televisión, a lo largo del actual gobierno ha retornado a una barra de programas comprados en el extranjero carentes de interés, e imprácticos para la audiencia en México, así como el documental plano y sin interés para la mayoría de los espectadores. Lo que es peor la barra nocturna después del noticiero tiene programas editoriales tan intrascendentes como México Social o Dinero y poder.

Hoy que sobre la mesa se encuentra la desaparición de la televisión lineal, la reforma en materia de telecomunicaciones tendría que plantearse su primera modificación y proponer un esquema que permita al Canal Once, al 22, al SPR, así como a los sistemas locales de televisión pública sobrevivir sin tener que estar determinados por los caprichos sexenales de gobernantes o a los presupuestos. La televisión pública, en un primer paso, debe ser independiente de los gobiernos y buscar financiamientos fuera del erario que les permita ser autosuficientes.

La televisión pública mexicana necesita ser capaz de competir con la televisión pública de otras latitudes, necesita ser capaz de competir en las nuevas plataformas que no se limitan a las fronteras nacionales y la única manera de hacerlo es creando contenidos interesantes para todos los hispanohablantes y hacer disponible su programación de manera inmediata en Internet. ¿Cómo es posible que series como Kin, Paramédicos o Juana Inés no estén disponibles en el portal del Canal Once?

Es muy probable que, de no buscar nuevas formas de financiamiento, que no necesariamente pasan por la comercialización de los canales, el Estado deba elegir en un futuro cercano entre sus tres frecuencias y sacrificar alguna o a varias, cuando lo ideal debería ser que bajo el ala de SPR, el Canal Once, el 22 y Una voz con todos, deberían crecer y poner ante las audiencias nacionales e internacionales una programación de calidad y con gran proyección del país y de la región.

Actualmente existe una política de patrocinio para algunos de los medios de radiodifusión pública, sin embargo, esta debe hacerse extensiva a todos los medios de los estados. En el área metropolitana del Valle de México captamos el canal 34 del Estado de México, el canal 21 del gobierno de la CDMX, además del Canal Once, el 22 y Una voz con todos y a pesar de ellos hay momentos en que la programación de ninguno de ellos resulta atractiva. La responsabilidad recae en la poca visión de los gobiernos acerca de lo que significa tener una canal de televisión.

Un ejemplo claro de que si no es competitivo no se puede sobrevivir, lo vimos a finales de 2015,  el canal Cadena 3 de Grupo Imagen después de siete años al aire, la falta de imaginación, la falta de calidad en sus productos y la nula osadía para crear algo diferente a lo ofrecido por el duopolio, los llevó a la quiebra, y al cerrar inesperadamente Grupo Imagen perdió audiencia y credibilidad de sus anunciantes quienes se sintieron traicionados, justo antes de operar una cadena nacional de televisión abierta. Frente a la seguridad de que un medio estatal es difícil que desaparezca, lo único que hace falta es obtener los financiamientos necesarios para crear nuevas propuestas de producción. Crear nuevas políticas acordes a los tiempos y fincar un verdadero sistema de radiodifusión pública de nuestro país y no un organismo que, a pesar de existir en el papel, la mayoría de los mexicanos desconoce.

publicado en roastbrief.com.mx el 13 de junio de 2016

imagen: spr.gob.mx

La sana competencia.

Uber y Cabify representan una competencia sana que puede y debe ayudar a regular el mercado en beneficio del usuario 

Armando Enríquez Vázquez

No queda duda que los mexicanos en muchos sentidos no estamos acostumbrados a la competencia.

El fantasma del estatismo y la regulación en favor de grupos, sobre todo cuando estos representan eso que se llama clientelismo electoral, aún subsiste como quedó la semana pasada cuando la Ciudad de México se vio secuestrada por taxistas que protestaron en contra de los servicios de Uber y Cabify. El argumento es la supuesta ilegalidad en que operan estos servicios y la falaz y melodramática maña de pedir la protección del gobierno para poder no competir y hacer que los taxistas sigan haciendo de las suyas.

Otro argumento es que son una empresa extranjera, lo que no deja de ser una verdad a medias porque los conductores son mexicanos y las familias beneficiadas por estos empleos son mexicanas. Podría entender la protesta si el argumento se basara en lo abusivas que han sido las autoridades del D.F: contra los taxistas, pero si es por la competencia que representan nuevas empresas y nuevas tecnologías la verdad es que me resulta absurda

Existen dos motivos reales en el trasfondo de las protestas, uno es la corrupción que SEMOVI, antes SETRAVI, ha ejercido contra los taxis el en D.F. Fortunas que funcionarios perredistas y sus familiares han hecho esquilmando a los taxistas, siempre beneficiando a ciertas empresas leales al PRD. Corrupción que ha quedado impune a pesar de haber sido aireada en los medios de comunicación por así convenir al partido que gobierna en el D.F. Corrupción que ha puesto en entredicho la propiedad de muchas de las flotillas de taxis en esta capital y las cuales se presume pertenecen a miembros del PRD.

 ¿Qué hace SEMOVI además de imponer reglas a los taxistas que promueven la corrupción?

 ¿Qué ha hecho en tres años Rufino H. León Tovar para regular a peseras o la logística con la que funciona el metrobús? Nada. Absolutamente nada. Las peseras no pasan revista, ni se pintan de colores diferentes cada vez que se le ocurre al jefe de gobierno. Hacen parada donde se les da la gana, tienen más de una década en que no se les obliga a renovar las unidades y nunca he visto una cartulina con los datos del chofer de una pesera a la vista de los usuarios. Así de nula ha sido la administración del transporte en el gobierno de Miguel Ángel Mancera.

Un Secretaria llamada de Movilidad debe ofrecer propuestas y dar soluciones a uno de los mayores problemas de la Ciudad y que presume en su nombre. Pero no. De hecho jamás se han hecho propuestas sobre la recolección de la basura en la Ciudad, que secuestrada por un sindicato se lleva a cabo cuando mejor le viene en gana a los basureros, cuando como en muchas ciudades del mundo y de nuestro país esta recolección se realiza por la madrugada para no congestionar el tráfico. Lo mismo sucede con los camiones materialistas que contaminan levantando cascajo en las diferentes obras que hay en la ciudad a la hora que más les conviene, o los camiones repartidores de productos que deben de igual manera realizar sus cargas y descargas por la noche y no en horas pico y en doble fila. Sí esto no se puede solucionar desde la SEMOVI. ¿Para qué demonios la necesitamos? Sí lo único que hace es proteger los intereses de aquellos militantes del PRD que son dueños de taxis y explotar a los taxistas cambiando las reglas cada vez que les viene en gana. Esa secretaría y ese secretario no sirven para nada, más que para hacer rico a corruptos y oscuros personajes relacionados con el PRD.

 Uber y Cabify representan una competencia sana que puede y debe ayudar a regular el mercado en beneficio del usuario que no tiene por qué contentarse con el servicio arbitrario y prepotente que se ofrece en más de un sitio de taxis empezando por llamados Génesis. Pintados de rosa con blanco, muchos taxis son verdaderamente un asco por dentro. Cosa que no sucede con los taxis de Uber o Cabify.

En lugar de implorar la protección del gobierno muchos de los taxistas deben mejorar la apariencia de sus unidades, aprender a sonreír al cliente, imponer nuevas formas aprovechando la tecnología para dar un servicio de calidad, apoyados en ese sentido sí por las autoridades, con la implementación de Internet gratuito en la Ciudad.

También, los ciudadanos deberíamos exigir a las autoridades que todo aquel que conduzca un taxi, pesera o metrobús pase un examen similar al famoso The Knowledge londinense al que cualquiera que quiera ser taxista en Londres es sometido, el cual se aplica una sola vez. El examen es de tal rigor que está comprobado que su aplicación genera en los aspirantes a taxistas en la capital inglesa mejores sinapsis en las neuronas. Una opción para la equidad sería que desaparecieran los taxímetros y que las tarifas que cobren los taxis de sitio y de calle se basen en el kilometraje total. Cómo se hace en aeropuertos, estaciones de autobuses foráneos y en muchas de las ciudades de provincia.

La Ciudad de México tiene una flotilla de taxis que excede tal vez la necesidad de los habitantes de la ciudad, pero es culpa de los gobiernos de la capital que han creado categorías de taxis ilegales denominados, tolerados y piratas con tal de llevar votos a sus urnas.

La realidad es que la ley de la oferta y la demanda es la única que debe regir la elección del usuario sobre el servicio que quiere tener en su traslado de un lugar a otro. No un decreto, una ley o un reglamento.

La estrategia les falló a los taxistas, mientras ellos se quejaban y plañían, Uber se dedicó a regalar viajes a los usuarios lo que los posicionó mejor entre los usuarios, en una ciudad donde la irresponsabilidad de los diferentes grupos que se manifiestan en ella nunca tienen a los ciudadanos en mente la respuesta fue dirigida a los usuarios y no una confrontación. Las manos del gobierno federal, como pretendieron un grupo de estos taxistas, no caben en el gobierno del Distrito Federal. Pero las del corrupto gobierno del Estado de México sí.

El jueves el gobernador de la entidad Eruviel Ávila  anunció que en el Estado de México no se iba a permitir la operación de Uber o de Cabify. El viernes en el noticiero radiofónico de Leonardo Curzio, el secretario del Transporte en el Estado de México, Isidro Pastor, demostró su incapacidad para defender las declaraciones del gobernador y su único argumento fue que los servicios de taxis no eran legales porque no le pagaban al Estado de México, ese mismo estado lleno corruptelas como la OHL y donde al parecer y por la incapacidad de este funcionario para responder a dos preguntas sencillas como si iban a impedir que los taxistas persiguieran y cazaran a las unidades de Uber y sus conductores, o la legalidad de un contrato tácito entre particulares en los servicios de Cabify, el hombre no salió de su argumento de que no le pagaban al Estado de México. Más claro ni el agua. El viernes mismo el Gobernador del Estado de México salió a doblar las manitas y aceptar que los servicios de taxis por aplicación si van a operar en su entidad.

De acuerdo con la OCDE, dirigida por el mexicano José Ángel Gurría, México está muy por debajo del promedio de competitividad los estados miembros del organismo,

El ejemplo viene desde nuestros políticos que dan nulo valor a la competencia. Sus estrategias de las campañas políticas se basaron en las descalificaciones, porque tienen la mira puesta en los procesos postelectorales donde las mafias partidistas están muy bien representadas en los incondicionales y sumisos magistrados de TEPJF que obedecen las órdenes del partido en poder.

El anuncio el pasado viernes de la Secretaria de Educación Pública, de la anulación del examen de evaluación para los maestros de las escuelas públicas, algo que desde principio del sexenio buscaban ciertas autoridades de la SEP y los sindicatos de la educación, anula de lleno no sólo la tan cacareada Reforma Educativa del Gobierno Federal, si no la posibilidad de la competitividad de México en el futuro.

Entre los empresarios todavía quedan muchos, el mejor ejemplo son los líderes de las cámaras nacionales de industriales, que educados en el proteccionismo estatal que durante décadas practicó el estado mexicano, se niegan a competir y prefieren mantenerse en la mediocridad de su producto y bajo el ala protectora del gobierno.

Por fortuna otros se han dedicado a producir y competir creando empresas fuertes y de presencia mundial.

publicado en blureport.com.mx el 1º de junio de 2015

imagen DeathtoStock.

Oferta y demanda, competitividad y competencia.

Pareciera que uno de los lemas del actual sexenio es “promover la competitividad”, ¿es la competitividad algo sano o sólo un eufemismo?

Armando Enríquez Vázquez

Durante los últimos seis meses; ¿Cuántas veces hemos oído hablar de la competitividad como una especie de panacea económica para los males de nuestro país? Lo más importante ¿Es cierto? la respuesta es sencilla: No.

No en un país como el nuestro donde los monopolios, la impunidad y el abuso del poder son tradiciones y vicios del estilo de gobernar, sin importar colores, ni posición ideológica. En un país donde las todas las palabras tienen, por lo menos, un doble sentido, hablar de competitividad puede significar todo menos competitividad.

Hoy quieren que entendamos competitividad, como sinónimo de competencia. Cómo sinónimo de justicia mercantil y como sinónimo de eficiencia, cuando en realidad la competitividad nada tiene que ver con estas tres palabras. Pero eso pasa cuando los medios de comunicación en su pereza quieren acostumbrarnos a entender y sustituir parada por desfile, Beijing por Pekín. Cuando con toda la estulticia de la que son capaces la mayor parte de los conductores y lectores de noticias de nuestro país confunden cualquier palabra extranjera con su pobre y simplista falacia de que todo suena como lo pronuncian en Amarillo, Texas.

A lo que hoy políticos e informadores se refieren por competitividad, tiene que ver con el fin de monopolios y duopolios que tan enraizados estén en la economía mexicana. Esa podría ser una muy buena noticia. Desgraciadamente, quieren hacernos creer que este fenómeno se presenta sólo en las telecomunicaciones. En México existen monopolios en los hospitales y servicios de salud, en la minería, la industria panificadora de México, el transporte, incluso podemos hablar de un tripolio en la política mexicana.

El gobierno quiere hacernos creer que estas prácticas se acabaran repartiendo el mercado de manera aleatoria, en el caso de la telefonía y por otro lado licitando cadenas de televisión. Este paliativo en un principio creara opciones, pero debe estar en los dueños el mantenerlas vivas o no. Es entonces cuando entran en el juego dos conceptos totalmente diferentes al paternalista competitividad. La competencia y la ley de la oferta y la demanda.

Cada uno de los nuevos jugadores en la telefonía, en la televisión y la radiodifusión deben estar listos para ser competentes y capaces de atraer a sus clientes, la audiencia es un cliente, para lograr no sólo que su negocio sobreviva, si no lo que es más importante que destaque en el mercado. Entonces en la forma pura de la ley de la oferta y la demanda, aquellos que logren más audiencia, lograrán por consiguiente más dinero.

Y es aquí donde el gobierno debe ser capaz de distinguir entre proteger y promover. Donde deberá de ser capaz de poner verdaderamente en juego la competencia en México. Habrá empresas que caigan y desaparezcan, es natural, pero los espacios no pueden  ni deben ser ocupados por los aquellos que ya están en el juego. Un ejemplo claro, es que la televisión en México sería diferente si el gobierno no hubiera permitido a Emilio Azcarraga Milmo, hacerse de tantos canales que no le eran productivos a sus dueños y hubiera promovido la entrada de nuevos participantes en las telecomunicaciones de nuestro país. Los monopolios no se crean por tener la mayoría del mercado, si no por bloquear la existencia de otros jugadores en el mercado.

Los que están listos para tratar de acabar con el negocio telefónico de Telmex deben estar conscientes de que la batalla puede ser muy desgastante y al final sino están listos para proponer a los clientes esquemas y planes que los hagan realmente atractivos están condenados a desaparecer y no es obligación, o no debería de ser, porque si no se llama proteccionismo y no competitividad, el que el gobierno le garantice una tajada del negocio. Lo mismo sucede en la televisión.

Es algo muy sencillo y claro para cualquiera que sepa cómo opera una economía de mercado y se llama Ley de la Oferta y la demanda.

Pero como dije esto no sólo se ve en las telecomunicaciones, la promoción de micro, pequeñas y medianas empresas debe ser una realidad para que puedan crecer y competir, por lo que las reformas financieras y políticas deben reflejar este supuesto espíritu el gobierno federal por impulsar la competencia. Sí queremos un país capaz de competir en el marco mundial debemos empezar con una educación de mejor calidad, crear científicos, empresarios y técnicos capaces resaltar a nivel mundial.

En México, es cierto, necesitamos ser competitivos, necesitamos ver el crecimiento de nuevas y viejas empresas, necesitamos transparencia y el fin de los gobiernos paternalistas y en contubernio con los medios de comunicación. 

Publicado el 28 de Mayo de 2013 en blureport.com.mx

Imagen: Polychromos.gr