Las cámaras de seguridad son gran aliado en la seguridad, lo que ha sido demostrado en todos los países, pero en México, esas mismas cámaras funcionan de manera selectiva y a modo de los conveniencias de los funcionarios.
Armando Enríquez Vázquez
Una de las obligaciones irrenunciables del Estado es
mantener la seguridad de los habitantes. Hoy a manera de eufemismo se dice en
los medios que la percepción sobre la inseguridad por parte de los habitantes
de México va en aumento. Tristemente no se trata de una percepción, la realidad
es que este es sin lugar a dudas y de acuerdo a las cifras oficiales el más
inseguro de los sexenios. El número de muertos, secuestros y asaltos crece mes
a mes y los resultados de Peña Nieto y los miembros de su gabinete en materia
de seguridad es muy pobre.
En ese cinismo que ha caracterizado a Peña Nieto y al
definido por él como nuevo PRI, tanto el presidente de ese partido como
diferentes funcionarios del gobierno federal han apuntado su dedo flamígero en
dirección del ex presidente Felipe Calderón como responsable del estado de
inseguridad y violencia en el que vivimos. Tanto Enrique Ochoa, como Renato
Sales parecerían preparar argumentos para la campaña del 2018, cuando la
realidad es que el actual gobierno ha demostrado ser una farsa en esos rubros, o
peor aún, ciñéndonos a esas declaraciones se puede concluir que la actual
inseguridad en el Estado de México, es responsabilidad de Peña Nieto y no de su
actual gobernador Eruviel Ávila.
En el caso de la inversión que los gobiernos federal y
estatales hacen en materia de seguridad la verdad es que la pobreza de los resultados
es más que evidente y por lo tanto se trata de un despilfarro más del erario
público.
Como ejemplo pongamos la CDMX (Marca Registrada) donde el
Jefe de Gobierno presume de un sistema de cámaras de vigilancia, que no sirven
para nada y cuando en las últimas semanas los diarios y medios de comunicación
tradicionales hacen públicos una serie de videos donde se dan a conocer asaltos
en diferentes zonas de la CDMX (marca Registrada) lo mejor que tiene que decir
Miguel Ángel Mancera es que este tipo de videos dan una mala imagen de la
Ciudad. Había que aclararle a Mancera que la creciente mala imagen de la CDMX
(Marca Registrada) es por la incapacidad de su procurador para resolver casos
importantes en esta ciudad, la corrupción del poder judicial de la capital y
las prebendas que su gobierno da a grupos criminales en aras de mantener a los
grupos clientelares del PRD y ejemplo claro es el documento insultante que
entregó como borrador de una Constitución para la capital y en la que favorece
a grupos criminales como las asociaciones de ambulantes.
Lo cierto es que la capacidad de las autoridades a todos los
niveles para justificar su ineficiencia es proporcional a su falta de
compromiso para brindar seguridad a los ciudadanos. El hecho de que entre las
autoridades de la CDMX (Marca Registrada) y las del Estado de México siempre
encuentren en el otro al responsable de violencia e inseguridad en sus
entidades, solo pone de manifiesto la nula voluntad por resolver la situación o
en el peor de los casos la negación a enfrentarse de los cuerpos policiales y
de administración de justicia al crimen organizado.
Aquí y por eso es que debería ponerse sobre la mesa de discusión
el crecimiento del área de la CDMX aunándole municipios como Naucalpan,
Ecatepec, Atizapán, Culhuacán, Chalco, Nezahualcóyotl, Huixquilucan, entre
otros, para poder manejar con una política única la zona metropolitana y no con
esas vaguedades que permiten a los criminales valerse de las fronteras
estatales para cometer sus fechorías con la anuencia de los policías de las
diferentes entidades.
A raíz de la ejecución de cuatro asaltantes de autobuses de
pasajeros y la aparición de sus cuerpos en La Marquesa, nos queda claro la
ineficiencia y apatía de las autoridades del Estado de México y de la CDMX (Marca
Registrada) por resolver de manera conjunta el problema, están más preocupados
en encontrar al ciudadano ejecutor que en reconocer que la situación los ha
rebasado y la ciudadanía se ha visto obligada a tomar la justicia en manos
propias.
Pero también pone de manifiesto el hartazgo de los
ciudadanos con la nula actuación de la autoridades, cuando no el contubernio de
estas con el crimen organizado.
Hace también unas semanas Jorge Luis Preciado, senador por
el PAN propuso legislar a favor de la de que los ciudadanos porten armas, lo
que en sí parece un sinsentido y una aberración. Lo que quiere reconocer de
manera oficial el senador es la incapacidad del Estado por brindar seguridad a
sus gobernados y la claudicación de los legisladores, una vez más, a ser parte
del gobierno y de soluciones inteligentes.
Para la diputada Lía Limón del Partido Verde, uno de los
partidos menos transparentes y más serviles de la partidocracia, la solución
está en la censura; en acabar con las narco series. Su pequeño cerebro le
impide ver la magnitud del problema y la responsabilidad de todos los poderes de
gobierno en él.
Para Presidencia de la República la visión es aún más pobre
y por lo tanto se ha propuesto recortar el gasto dedicado a la seguridad
nacional para 2017, cuando el país está en el camino de la ingobernabilidad.
Tanta inversión en cámaras de seguridad, tanto cacareo sobre
la eficiencia de los cuerpos policiacos, vuelvo al ejemplo de la CDMX (marca
registrada) donde los casos más importantes desde la llegada de Miguel Ángel
Mancera continúan sin resolverse o se resuelven con argumentos sui generis como
el de la modelo colombiana de la colonia Nápoles. Las cámaras son en efecto un
gran aliado en la seguridad, lo que ha sido demostrado en todos los países,
pero en México, esas mismas cámaras parecen funcionar de manera selectiva y a
modo de los conveniencias de los funcionarios de la capital, son las cámaras
ciudadanas operadas en celulares y puestas en las redes sociales las que se han
encargado de mostrar a criminales y crímenes comunes en la ciudad, para enojo
del incapaz Jefe de Gobierno.
Son esas cámaras, al igual que el justiciero anónimo de La
Marquesa, quienes ponen en evidencia el estado de vulnerabilidad en la que se
vive en México y son esas evidencias las que enfurecen a muchos corruptos
funcionarios y jueces que se dedican a hacerse de la vista gorda frente a los
crímenes o a soltar a ladrones, asesinos y narcotraficantes de manera casi
inmediata a su detención para permitirles seguir delinquiendo, lo que solo
demuestra como el sistema judicial es uno de los principales cómplices del
crimen organizado en nuestro país. Si no basta ver cuántas veces habían
ingresado los muertos de La Marquesa a diferentes penales.
Un ciudadano no se convierte en vengador anónimo porque así
lo prefiera, lo hace como única manera de manifestar el hartazgo y a
desesperación frente a un sistema de seguridad corrupto, incapaz e
insuficiente. Un justiciero anónimo es el producto más evidente de un estado
que no puede otorgar a sus ciudadanos. Es el resultado de lo fallido en el
sistema de justicia de un sistema donde los jueces son más corruptos que los
mismos criminales. La sociedad no sale a las calles de su comunidad para
convertirse en autodefensas como respuesta de apoyo al gobierno, si no ante la
ausencia del mismo. Hoy en México mientras los jueces liberan a
narcotraficantes como Rafael Caro Quintero o
Ernesto Fonseca Don Neto, el
gobierno convierte en preso político de un sexenio fallido en brindar seguridad
a los mexicanos a un hombre como José Manuel Mireles, un mexicano que sólo
organizó a otros ciudadanos para defenderse del crimen que el PRI con Fausto
Vallejo a la cabeza del gobierno y de su hijo como negociador con el narco
entregó al crimen organizado, un hombre que liberó a Michoacán y que se atrevió
a enfrentar al prepotente y entreguista comisionado priísta Alfredo Castillo.
En México crecen los linchamientos, los ciudadanos que toman
la ley en sus manos, pero para Enrique Peña Nieto, Miguel Ángel Mancera,
Eruviel Ávila y todos los políticos lo importante es mostrar una imagen
maquillada de México al exterior, porque para ellos aquí no pasa nada.
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